El domingo fuimos testigos del cambio de mando. Fueron varias las preguntas que se le hicieron a las nuevas autoridades, particularmente por temas que quedaron pendientes del gobierno anterior, como qué pasaría con el cierre de Punta Peuco, con la operación Huracán y el nombramiento del ex fiscal del caso Caval como notario de San Fernando.

Respecto de lo último, el nuevo ministro de Justicia, el ex senador Hernán Larraín, fue claro y señaló que se retiraría su nombramiento y que se generaría un sistema de nombramientos transparente, público y basado en el mérito.

Precisamente eso es lo que hemos estado promoviendo desde el 2016, bajo el lema “No al cuoteo”, pero no solo para notarios, sino para la gran mayoría de nombramientos que se hacen sin pasar por un sistema de concurso público como Alta Dirección Pública. Las directivas de entidades tan relevantes como el Tribunal Constitucional o el Servicio Electoral son nombradas de manera directa por otras autoridades, generalmente por el Presidente con ratificación de senadores.

Varios de estos nombramientos han sido criticados, ya sea por la cercanía con ciertos políticos o partidos, o por la poca transparencia del proceso. Por esto, las características que señala el ministro Larraín deben hacerse extensibles a todo otro nombramiento que no pase por concurso público. En este sentido creemos que se debe avanzar hacia procesos de designación de autoridades que se hagan de cara a la ciudadanía, basadas en el mérito, con audiencias públicas, mayor publicidad de los postulantes y sus competencias para el cargo y con un tiempo prudente para que la opinión pública y los medios de comunicación cumplan con su rol de control social.

Para recuperar la confianza en nuestras instituciones políticas y públicas es necesario avanzar en la legitimidad de quienes las lideran y que estas personas tengan los méritos para estar ahí.