Con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos comienza la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos como instrumento que permitirá fijar la política país en estas materias por los próximos 4 años. Lo anterior resulta para muchos un tema desconocido, aun cuando nos encontramos en la mitad del proceso de consulta ciudadana de dicho Plan.
Quienes participamos de la discusión de esta iniciativa somos testigos de los esfuerzos por dotar de contenido al Plan Nacional, y fijar por ley que éste debería incluir objetivos, metas, identificación de responsables, recursos financieros y mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados. A su vez, se estableció la obligatoriedad de considerar en su elaboración la opinión de la sociedad civil de forma prioritaria.
Así, entre el 8 de julio y el 30 de agosto de este año, comenzó un proceso participativo que busca conocer la opinión de la ciudadanía para orientar las prioridades a ser incorporadas en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Consiste en 15 encuentros regionales y una consulta digital para participar de forma individual. Una visita a la plataforma web de la consulta permite reconocer el esfuerzo realizado por la Subsecretaría por consultar una amplia gama de contenidos. En base a recomendaciones de distintos órganos internacionales y del INDH, se pueden seleccionar aquellas que se consideren prioritarias en materia de pueblos indígenas, personas migrantes, diversidad sexual, personas mayores, discapacidad, mujeres, infancia, derechos económicos, sociales y culturales, dictadura y memoria.
Las consultas ciudadanas virtuales no son novedad. Un ejemplo de este nuevo uso de las tecnologías de la información lo vimos en el proceso de consulta en el marco del proceso constituyente. Con el fin de uniformar este tipo de instancias participativas, el Gobierno ha establecido criterios y orientaciones para la implementación de mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública. Según dichos criterios, el esquema de ejecución de las consultas digitales deberá incluir una etapa de difusión y divulgación, en la que se debe garantizar el acceso y fácil comprensión de la información, junto con la elaboración de una estrategia comunicacional con el objetivo de alcanzar la mayor participación posible.
Sin desmerecer el trabajo realizado por la Subsecretaría, se debe llamar la atención a la poca difusión que ha tenido la consulta digital en curso. Sea por un tema presupuestario u otro, pocos se han enterado de este proceso al no haberse adoptado medidas de difusión masivas como campañas informativas o publicidad en redes sociales. Si bien se elaboró un video explicativo, a la fecha éste tiene tan solo 345 reproducciones en youtube, muy menor a las 94.175 reproducciones de uno de los 44 videos elaborados para el proceso constituyente.
El Plan Nacional de Derechos Humanos contiene acciones concretas y medibles que deben aplicarse en un marco temporal específico con el fin de mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Esta hoja de ruta debe elaborarse de tal forma que trascienda a los gobiernos de turno, aún más si serán elaborados por un gobierno pero ejecutados por el siguiente. En este escenario es fundamental adoptar las medidas necesarias para la adecuada difusión de la consulta. Sólo así se podrá incorporar a la sociedad civil de manera efectiva en la elaboración del Plan, y dotarlo de la legitimidad suficiente para convertirse en una herramienta incidente y eficaz para la promoción y protección de los derechos humanos.
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