A pocos días del ingreso de la reforma previsional, el debate se ha centrado en el elevado nivel que alcanzarían las tasas de reemplazo (TR) de personas de bajos ingresos con la PGU (Pensión Garantizada Universal). En ese Contexto, se ha cuestionado la pertinencia de tasas sobre 100% y, con ello, la necesidad de un componente colectivo con solidaridad.

Las TR son uno de los indicadores para medir la suficiencia de un sistema, es decir, si este proporciona un ingreso adecuado en la jubilación. Así, permiten evaluar el objetivo de mantener un estándar de vida relativamente similar al de la etapa activa (suavizar consumo), comparando la pensión con algún nivel de ingreso previo al retiro. Pero es importante tener en cuenta que aliviar la pobreza es otro de los objetivos en pensiones (función de bienestar social), por lo que también se utilizan indicadores de monto absoluto, como el nivel de las pensiones proyectadas.

Uno de los estudios encargados a la OCDE para apoyar el trabajo de la Comisión Bravo en 2015 señalaba que la mayoría de los países miembros protegen a los trabajadores de bajos ingresos de la pobreza en la vejez, brindándoles mayores TR que las de los asalariados promedio. Dinamarca es un ejemplo citado, con una TR de 121% (actualmente 125%) para los trabajadores con ingresos en la mitad del salario promedio. El estudio menciona también que los trabajadores con carrera completa y que ganan solo una cuarta parte del salario promedio reciben una TR igual o superior a sus ingresos en 23 de los 34 países OCDE. Es natural entonces que la protección frente a la pobreza deje a algunos trabajadores de bajos ingresos con TR sobre 100%.

Entonces ¿cuál es el nivel de los indicadores al que se logran los objetivos en pensiones? Esa respuesta hay que consensuarla. Las buenas prácticas recomiendan que las metas sean más permanentes y una entidad independiente puede proponerlas, como fue el caso de la comisión de pensiones de 2004 en el Reino Unido. Usualmente se consideran TR más altas para sectores de menores ingresos, o distintas si la persona vive sola o en pareja. El análisis debe considerar también la evolución proyectada y, ante la incertidumbre, definir la tolerancia frente al riesgo de insuficiencia. Esa discusión no la hemos dado y ayudaría a dar racionalidad al desarrollo de una reforma, a equilibrar las fuentes de financiamiento de la pensión y a acordar el peso de las distintas dimensiones de la solidaridad.

Resulta urgente que como país pasemos de estudios ocasionales realizados por las comisiones de pensiones a un marco regular de evaluación de objetivos, que ayude a corregir oportunamente los problemas y a entregar mayor seguridad de ingresos en la vejez.