El 7 de noviembre de 2022 ingresó a la Cámara la reforma previsional y el 25 de enero de 2023 se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Trabajo. Después, el avance se detuvo. En marzo se formó una mesa técnica para construir acuerdos, instancia en la que no participaron partidos de oposición. Como se anticipaba, el acuerdo no avanzó. Finalmente, ayer se retomó la discusión en particular con suma urgencia. La oposición advirtió falta de condiciones y planteó el rechazo a la iniciativa en su estado actual.

La postura de la oposición se ha ido radicalizando. Un reflejo de ello es la propuesta de marzo de los partidos de Chile Vamos. Centrada en resguardar la propiedad de los fondos y la libertad de elección, dejaba como único camino las cuentas individuales. Con una lógica similar, ayer se conocieron contenidos de una nueva propuesta de Renovación Nacional, planteando esencialmente aumentar la cotización a cuentas individuales, que la PGU llegue a 300 mil pesos con 30 años de cotizaciones, 10% de la cotización mensual de los hombres destinada a las mujeres y derecho a elegir gestor.

La discusión está en clave ideológica. Los avances logrados en gobiernos anteriores, así como un debate consistente entre objetivos y herramientas, se ven lejanos. Así, en vez de acordar un buen diseño para un componente contributivo con elementos de solidaridad y compartición de riesgos -para mejorar tasas de reemplazo- se plantea transformar el pilar no contributivo, que es de alivio de pobreza, hacia una lógica según años de cotizaciones, regresiva y financiada con rentas generales.

No hay que olvidar que la PGU es un esquema de reparto permanente con impuestos y que su costo será fuertemente creciente por el envejecimiento. Si queremos un sistema resiliente, no podemos poner todo el peso en la PGU. La primera prioridad, ante recursos
fiscales limitados es asegurar un piso de protección social adecuado y con financiamiento sostenible. En línea con ello, es necesaria una discusión de fondo sobre el rol y proyecciones del Fondo de Reserva de Pensiones, cuya regulación tiene inconsistencias
entre aportes y giros desde 2022.

Presionar hoy la votación en particular probablemente llevará a un rechazo, o a avances con mayorías puntuales, pero sin lógica sistémica. El desafío sigue siendo poner la mesa a espacios de trabajo para consensuar un diseño integral, para un acuerdo amplio quepermita un sistema de pensiones estable frente a los ciclos electorales y que mejore las pensiones con sostenibilidad. El requisito para ello sigue siendo una prioridad política transversal al más alto nivel; y el costo de no concretar la reforma, será una pérdida de legitimidad del sistema político, de la confianza ciudadana y la postergación de cambios estructurales oportunos en pensiones.