Hace unas semanas la primera autoridad del Ministerio Público realizó su cuenta pública ante autoridades del país. Varias declaraciones desataron polémica, entre ellas, su propuesta de que se incorpore la figura de la delación compensada como herramienta para la investigación y sanción de los delitos de corrupción.

La delación compensada no es una figura nueva en nuestro país. Se trata de reducir las sanciones a aquellos que se “acusen”, aportando antecedentes que serían muy difíciles o, incluso, imposibles de obtener por otro medio. Ya se aplica en materia de colusión, narcotráfico y terrorismo y recientemente se incorporó también para infracciones a la ley de mercado de valores.

Esta figura genera muchas críticas. ¿Por qué vamos a bajarle la condena a alguien que reconoce todos los delitos cometidos? Sin embargo, en casos como el de Odebrecht ha demostrado ser muy efectiva. Tal como se ve en la serie de Netflix “El Mecanismo” (inspirada en el caso), los fiscales a cargo de la investigación obtienen información valiosa acerca del pago de coimas para adjudicarse concesiones, así como de financiamiento ilegal a la política, gracias a la delación compensada que realiza uno de los altos ejecutivos de la empresa estatal Petrobras. Esto permitió seguir tirando el hilo hasta llegar al sofisticado y transnacional entramado que tenía la empresa Odebrecht, cuyo máximo directivo terminó también confesando con detalles de cómo operaban en cada país, para reducir su condena de 19 a 10 años.

Lo anterior no significa que la corrupción quede impune. El objetivo es que, si se entrega información valiosa y que permite develar el caso completo, se le baje la condena al que se delate, pero en ningún caso que quede sin sanción. Sin embargo, a la vez que adoptamos este sistema, debemos aumentar las penas actuales para que efectivamente sea un incentivo delatarse y tengamos más corruptos dispuestos a colaborar con la justicia.