SEÑOR DIRECTOR:

A pesar de los enormes avances que significó la instauración del sistema acusatorio en Chile en materia de racionalización en el uso de la prisión preventiva, todos los indicadores disponibles muestran que ella se vuelve cada vez más habitual como lo señala un estudio de CEJA dado a conocer por La Tercera.

Las cifras de Gendarmería de Chile indican que allí donde al 31 de diciembre de 2008 solo un 21,9% de los presos en las cárceles chilenas estaba en prisión preventiva, al 31 de agosto de 2017 dicha cifra se había elevado a 36%. Las cifras también dan cuenta de un aumento significativo del número absoluto de imputados presos en prisión preventiva. Así, para 2007 había un promedio diario de 10.478 personas en esa condición, al 31 de agosto de 2017 teníamos 15.442, es decir, un 47% más.

Finalmente, también se ha producido un incremento de la tasa de encarcelados preventivamente por cada 100.000 habitantes. El año 2007 esa tasa era de 63,1 y al 31 de agosto de 2017 sube a 88,8 presos por cada 100.000 habitantes (un 40,7% más).

Este escenario se explica como producto de una serie de reformas legales introducidas desde el año 2002 en la materia, pero también como consecuencia del deterioro paulatino de las prácticas de los actores del sistema y por la enorme presión pública que se ha ejercido para su uso. Llegó la hora de tomarnos en serio este tema, ojalá el anuncio del gobierno de dictar una ley que corrija esto no sea solo un volador de luces y permita revertir el escenario descrito, generando un debate con altura de miras y fundado en evidencia.