Los principios de transparencia y de probidad no pueden estar ausentes en la elaboración de la nueva Constitución. Asegurar que en este proceso no se interpongan intereses personales por sobre el interés general debe ser una preocupación de todas.

Sin embargo, los mecanismos consagrados en la reforma constitucional que reguló los aspectos básicos del proceso constituyente, conforme al Acuerdo por una Nueva Constitución suscrito el 15 de noviembre de 2019, son insuficientes. Se requiere de normas que articulen tales obligaciones y otras complementarias. Además, se debe considerar que las normas hoy vigentes en materia de transparencia y probidad deben ser un piso y no un techo para la Convención Constitucional. Estándares más bajos o laxos en esta materia pueden minar su legitimidad.

Por eso, desde Espacio Público analizamos los mecanismos vigentes aplicables y los vacíos de regulación existentes, formulando un catálogo de propuestas en transparencia, probidad y prevención de conflictos de intereses para la Convención Constitucional.

Entre tales propuestas se comprende la debida actualización de las declaraciones de patrimonio e intereses y de los registros de lobby; la determinación de sanciones frente a infracciones a la probidad; la aplicación de las normas sobre probidad y transparencia al personal de las secretarías técnicas que se establezcan; asegurar el principio de publicidad y transparencia en todas las sesiones; establecer criterios y principios que aseguren equidad e igualdad de trato en la participación; regular el deber de abstención de los convencionales cuando tengan un interés particular, directo y específico en un asunto; establecer inhabilidades para la contratación de parientes en la Convención; contar con un protocolo de prevención y sanción del acoso sexual, y establecer la dedicación exclusiva.

Al escribir la constitución, la Convención Constitucional será un faro político para los próximos años; esperamos que también lo sea en probidad y transparencia -con su funcionamiento como ejemplo- consolidando las condiciones de legitimidad de la función pública y estándares en materia de probidad para el futuro.