La necesidad de una reforma estructural de Carabineros de Chile no se origina en octubre de 2019 ni ha cesado por la pandemia. La carencia de mecanismos de control civil se evidencia desde el regreso de la democracia, al igual que otros problemas, en su funcionamiento. El estallido social permitió reforzar el consenso sobre la necesidad de la reforma y avanzar con propuestas específicas de comisiones del Ejecutivo, el Senado y la sociedad civil.

Los desafíos son enormes, pero se requiere un avance en cuatro áreas clave: (i) desarrollar cambios que permitan limitar los niveles actuales de autonomía y mejorar la transparencia institucional; (ii) consolidar una reestructuración interna sobre militarización, centralización, división oficiales/suboficiales y mecanismos de ingreso, promoción y retiro de sus miembros; (iii) redefinir el orden público y la estrategia de gestión institucional para su logro; y (iv) adoptar una orientación clara a los valores de una sociedad democrática y respeto de los derechos humanos.

La reforma será de largo plazo y requiere de voluntad política transversal que mantenga el interés y la vocación por la construcción de una verdadera policía democrática. Incluyendo la participación de miembros de la sociedad civil con conocimiento en la materia y de estamentos que históricamente han tenido poca voz, suboficiales que puedan expresar sus necesidades y propuestas, e involucrar a legisladores en la elaboración de proyectos de ley.

Comisiones de autoridades se han realizado en múltiples ocasiones y los resultados no han sido efectivos. Esperamos que el camino que hoy presenta el ministro del Interior al Congreso sea distinto; sin eso, será difícil avanzar con la profundidad y al ritmo requerido.