El pasado 17 de julio fue entregado al Presidente de la República el conjunto de propuestas (150) elaboradas por la Mesa de Trabajo que funcionó en el marco del denominado ‘Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública’. Me detengo en las referidas a la modernización y fortalecimiento de las policías. Se trata del eje que contiene mayor cantidad de propuestas (71 de las 150). El documento las organiza en cuatro aspectos: especialización de las funciones policiales; relación de las policías con la autoridad civil y la ciudadanía; incrementar niveles de profesionalización policial, y profesionalización de la organización policial. Es imposible en este texto resumirlas todas, por lo que me detengo en un análisis de corte más global del informe.
Me parece que el principal mérito del trabajo realizado ha sido quebrar la inercia o cambiar el paradigma desde donde se había estado pensando la ‘política pública’ policial en nuestro país en los últimos años. En efecto, en las tres o cuatro últimas campañas presidenciales (anteriores a la de 2017), la gran ‘oferta’ en materia de política policial de los distintos candidatos había estado en el aumento de cantidad de funcionarios, de presupuesto y de facultades legales. Esta forma de aproximarse explica en parte los problemas que públicamente se han conocido en el último tiempo.
Las propuestas, en cambio, miran al trabajo y la institucionalidad policial desde un punto de vista más complejo. Lo primero que se destaca es comprender que las fuerzas policiales en una sociedad democrática responden y se deben a la autoridad civil y a la ciudadanía. Ello importa deberes fuertes de rendición de cuentas y transparencia desde las policías a la autoridad y la comunidad, como también, en su contracara, el entregar poderes importantes de fiscalización de ella y de intervención de la comunidad en diversos aspectos de su gestión. De la mano de lo anterior, un buen trabajo policial está asociado a mejorar las capacidades de planificación estratégica de las organizaciones policiales, pero estableciendo a la vez fórmulas para que ella sea consistente y coherente con las prioridades de la sociedad. Finalmente, se pone acento en la idea de que la calidad de las policías se construye desde sus procesos de ingreso, formación y desarrollo de su carrera, y también desde una estructura orgánica que promueva e incentive el trabajo policial de calidad. Todo esto apunta, entonces, a salir del discurso simplista que se había instalado a la fecha. Obviamente, esto no impide discutir la bondad o suficiencia de las propuestas específicas para lograr su objetivo.
A pesar de este enorme avance, me parece que quedó pendiente una reflexión un poco más estructural acerca de la policía que queremos a futuro. Las propuestas todavía operan en una cierta lógica reactiva, es decir, en miras de hacerse cargo de problemas importantes y urgentes que existen en la actualidad, pero sin poner tanta atención en lo que llamaría una visión prospectiva. Esto no quita méritos a lo avanzado, pero sí pone un límite que obliga a que la reforma policial siga siendo discutida más allá del marco de estas propuestas.
El gran desafío que se viene en el tiempo inmediato es la posibilidad de llevar adelante e implementar los cambios propuestos. Se ha estimado que un tercio de ellos supondría reformas legales, en tanto que en el resto serían cambios de corte reglamentario y administrativo. Si esto es así, los desafíos no solo están en materia de agenda legislativa, sino centralmente en la conducción que la autoridad civil pueda llevar adelante del resto de las medidas. Esto supone desarrollar una estrategia de cambio que debe involucrar fuertemente a las policías y que se juega en la capacidad de construir liderazgo técnico y político de parte del Ministerio del Interior. No me parece exagerado afirmar que la reforma policial en Chile recién da sus primeros pasos. Se trata de un proceso largo y necesario, que requiere seguir siendo discutido y trabajado con perspectiva de reforma de Estado.