«Respeto y la garantía de los derechos humanos en Chile»
30 de October de 2019
El viernes 18 de octubre, con el objetivo de mantener el orden público, el Presidente de la República declaró Estado de Emergencia en Santiago. Esta situación se extendió a otras regiones del país hasta el día domingo 27. Las situaciones de violencia se dieron en un contexto mayor de masivas manifestaciones contra la desigualdad y los abusos. Lamentablemente, la presencia de fuerzas armadas y de orden en las calles expuso a la ciudadanía a violaciones de sus derechos humanos, tal como hemos podido ver en los medios, en las calles y según ha informado el INDH.
Nos parece necesario establecer agendas de corto y largo plazo que atiendan las legítimas demandas de la movilización que vivimos. En Espacio Público orientaremos nuestro trabajo a contribuir con esa tarea. Sin embargo, nos parece esencial declarar, en primer lugar, que no existe razón alguna que relativice el respeto y la garantía de los derechos humanos en Chile. Rechazamos y condenamos los abusos de agentes del Estado, detenciones ilegales, torturas, violencia sexual y muertes causadas por parte de fuerzas armadas y de orden. Son intolerables dentro nuestro Estado de Derecho.
Además de analizar cada una de las denuncias y de condenar a quienes resulten responsables, solicitamos que se realice una investigación exhaustiva, con el concurso de observadores independientes e imparciales, expertos en materias de seguridad, que permita a la opinión pública conocer los fundamentos de las decisiones tomadas por el poder político, policial y militar a este respecto. Dicha investigación podría ofrecer directrices para una reforma, sin defensas corporativas, de nuestras fuerzas armadas y de orden, en especial en su relación con la ciudadanía, tanto en un contexto cotidiano como en un Estado de Excepción.
El mismo estándar de investigación debiera entregar luces a la ciudadanía sobre los atentados al Metro de Santiago, así como otros actos violentos que se han visto dentro de la movilización y que empañan causas legítimas, al mismo tiempo que debilitan nuestra institucionalidad y afectan a la población más vulnerable.
Es imperativo que todas las instituciones involucradas se hagan parte del proceso de comprensión de lo ocurrido. Sólo así podremos seguir adelante, habiendo aprendido de nuestra propia historia.