EI día lunes se anunciaron las cifras del IMACEC que, para muchos especialistas, fueron más negativas de lo esperado. Ante eso, el gobierno anunció un importante paquete de reactivación económica y de apoyo a las PYMES.
Al mismo tiempo, en el Congreso varios proyectos relacionados con la seguridad pública -como los denominados antiencapuchados, antibarricadas, antisaqueos y la protección de infraestructura crítica por parte de las FFAA- cuentan con la máxima urgencia para su discusión. La agenda social, por su parte, también se discute parcialmente y con menor urgencia que la denominada agenda de seguridad. Sin embargo aún está ausente del debate una ambiciosa agenda en contra de la impunidad. Hace varios años, desde la sociedad civil, hemos promovido diversas reformas en la materia, para ir disminuyendo los abusos e impunidad tanto en el sector público y privado. Sin embargo, a pesar de varios avances logrados entre 2015 y 2017, hay muchas materias en las cuales, ya sea por falta de voluntad política o de prioridad de otras agendas igual de relevantes -pensiones, salud, educación, etc.- no han tenido reformas y mantienen esta grave percepción de una doble justicia según quién y qué delitos cometa.
Por eso, desde tres organizaciones de la sociedad civil (Chile Transparente, Espacio Público y Observatorio de Gasto Fiscal), hemos priorizado ciertas materias y puesto a disposición de quienes tienen el poder para producir estos cambios (Gobierno y Congreso) una importante agenda con ocho temáticas que, a nuestro juicio, se puede avanzar prontamente. Si bien creernos que la agenda social y de seguridad son importantes, éstas deben complementarse con otras medidas que se hagan cargo de las causas de este estallido social. Nuestra democracia debe profundizarse, sin ciudadanos de primer y segundo nivel, con más transparencia y rendición de cuentas y con respuestas contundentes ante infracciones o delitos de «cuello y corbata’