SEÑOR DIRECTOR
Los gobernadores regionales han tomado posesión de sus cargos concretando un proceso de descentralización política que tiene aún una serie de aspectos no definidos.

Ante la inexistencia de una definición clara y programada de traspaso de competencias, persiste una alta incertidumbre respecto de competencias específicas y recursos asociados, siendo la transferencia de competencias dependiente todavía más de la discrecionalidad del centro que de las propias regiones. Esta cuestión es un aspecto fundamental del conflicto subyacente al proceso de descentralización.

Dos proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional pueden contribuir a superar este desafío. El primero de ellos aborda cuestiones que insólitamente todavía no han sido resueltas, como la definición de “competencia” y el mecanismo para hacer más imparcial el proceso de evaluación de transferencia de competencias y su revocación, entre otras materias. El segundo se aboca a cuestiones financieras y de transparencia presupuestaria, para dar mayor margen de maniobra a los gobiernos regionales.

Urge que al menos estas cuestiones básicas puedan estar resueltas, de modo que el proceso de descentralización logre generar un Estado más cercano a las necesidades y prioridades de los territorios.