De acuerdo a lo comprometido, el Gobierno ingresó esta semana una indicación sustitutiva al proyecto de salas cuna que estaba en discusión en el Senado y que había sido aprobado en general en abril. El nuevo proyecto, Sala Cuna para Chile, vino acompañado de un proyecto de ley de modernización de la educación parvularia que ingresó a la Cámara para su revisión.

Los proyectos vienen a hacerse cargo de las deficiencias que tenía el proyecto previo de ley de Sala Cuna Universal que, entre otros, carecía de una mirada educativa y de aseguramiento de la calidad. Otros proyectos que anteriormente habían intentado reformar el artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a toda empresa que contrate al menos veinte trabajadoras a proveer servicios de sala cuna, también se habían trabado por sus carencias en lo educativo.

Por ello, es una excelente noticia que el Gobierno haya hecho suya esta agenda y esté aprovechando la oportunidad de facilitar el empleo femenino y, a la vez, fortalecer la educación en la primera infancia.

El nuevo proyecto de reforma del artículo 203 extiende con gradualidad el derecho a sala cuna a hijos e hijas de padres y madres que trabajan en empresas de todos los tamaños, y de independientes y quienes trabajan en casa particular. De este modo, avanza en corresponsabilidad y cobertura. Para su financiamiento, se crea un fondo basado en las contribuciones de empleadores, equivalentes a un 0,2% del total de remuneraciones imponibles, complementado con recursos fiscales.

Al mismo tiempo, elimina el polémico Registro de Cuidadores que había sido entendido como un retroceso en las posibilidades educativas de niños y niñas en esta etapa de sus vidas. También exige que los prestadores de los servicios cumplan con los estándares del Registro Oficial que busca asegurar la calidad de jardines infantiles. Por último, permite la participación de jardines públicos que habían sido excluidos en el proyecto previo.
Por su parte, el proyecto de educación parvularia extiende por diez años el plazo para que los jardines cumplan con los requisitos para el Reconocimiento Oficial. Este plazo ya se había extendido en el pasado. Los estándares jurídicos, técnicos y de infraestructura del sistema son altamente exigentes y han sido difíciles de alcanzar por buena parte de los establecimientos públicos y privados, sin que ello necesariamente signifique que no tengan calidad suficiente.

El proyecto también busca dar un marco legal a los programas alternativos que ofrece Junji que han traído diversidad educativa y horaria al sistema. Asimismo, busca definir con mayor claridad los calendarios de atención, además de establecer nuevos mecanismos de información, elemento central para un mejor monitoreo.

Los progresos que traen estos proyectos son significativos. Sin duda quedan temas por discutir que requerirán ser destrabados para un avance efectivo en el Congreso. Entre ellos se cuenta la exclusión de la oferta privada de jardines con fines de lucro, a pesar de que hoy participan en el sistema. También será motivo de debate el monto de la prestación —unos 270 mil pesos para mensualidad y matrícula, menor al máximo consignado en el proyecto previo— y la posibilidad de que haya copagos para cubrir servicios más costosos.

La discusión también debiera ser una oportunidad para revisar las exigencias actuales del sistema de certificación de jardines, considerando posiblemente un proceso en etapas que defina claramente lo que es prioritario para asegurar la calidad.

Asimismo, es posible que sea necesario reconsiderar la gradualidad de la implementación del derecho a sala cuna, pues hoy no parece haber oferta suficiente para atender un aumento significativo de la matrícula. Tampoco se conoce con certeza su distribución geográfica y si existe cobertura suficiente en todas las localidades donde se la necesita. Al mismo tiempo, no está asegurada la continuidad de atención para hacerla compatible con la diversidad de jornadas laborales de padres y madres.

Por último, sería interesante construir un plan para incorporar gradualmente a niños y niñas mayores de dos años que aún no ingresan al sistema escolar y así favorecer su educación y la inserción laboral de quienes los cuidan.

Después de décadas de discusión, por fin pareciera que se está avanzando, con el necesario pragmatismo, en una reforma que tiene el potencial de favorecer las oportunidades laborales de las mujeres y el desarrollo de niños y niñas, impactando positivamente en sus vidas y en la equidad y capacidad productiva del país.