Se nos apareció marzo y rápidamente nos embarcamos en un nuevo año electoral. El tablero de las candidaturas se está armando y los temas que cruzarán el debate están sobre la mesa, entre los cuales sin duda destaca la seguridad pública. Lamentablemente, en estos días también vislumbramos el tono que marcará las campañas: mientras dos candidatos publicaron videos disparando armas de fuego, otra candidata reabrió la discusión sobre la pena de muerte y propuso la construcción de una cárcel en el desierto.

A estas alturas, sobra decir que todas las encuestas muestran que la seguridad es la primera prioridad ciudadana. Las candidaturas deben hacerse cargo de dicha realidad, conectando y dando respuestas al legítimo temor de la población a ser víctima de delitos graves. Sin embargo, es cuestionable que la narrativa que se busca instalar recurra explícitamente a la violencia, el uso de armas y la lógica de “buenos” y “malos” como si estas fueran soluciones a los desafíos de seguridad. Medidas como las mencionadas suelen ser contraproducentes de acuerdo con la evidencia y contribuyen a crispar aún más los ánimos de la ciudadanía.

Es también preocupante la tendencia a simplificar en exceso las discusiones, tanto respecto a la situación actual como a las medidas para salir de ella. Debemos ser rigurosos en el análisis de los datos sobre criminalidad para entender mejor la realidad que enfrentamos y su evolución. Asimismo, es fundamental evaluar periódicamente la efectividad de las diversas medidas administrativas y legislativas que se han implementado. Al igual que en otros ámbitos de la política pública, en seguridad más vale construir sobre lo que se ha avanzado en los últimos años – corrigiendo lo que no ha dado resultados e implementado nuevas ideas – antes de tirar todo por la borda y apostar todas las fichas en medidas de dudosa efectividad.

Sabemos que no existe una “bala de plata” en el enfrentamiento contra las nuevas formas de criminalidad y que su erradicación no es meramente “un asunto de voluntad”. Si las candidaturas realmente quieren mejorar la seguridad del país, entonces lo esperable es que propicien un debate que reconozca la complejidad del fenómeno. De lo contrario, quien salga electo deberá explicar a la ciudadanía por qué las soluciones simplistas que con tanto entusiasmo enarboló no están teniendo los resultados prometidos.

Es posible que la competencia por la atención de una ciudadanía cada vez más distante y la necesidad de diferenciarse hagan difícil que las candidaturas resistan la tentación efectista en materia de seguridad. Es fundamental entonces que quienes intervenimos en el debate público desde de los centros de estudio y la academia redoblemos los esfuerzos para propiciar un debate más robusto y basado en la mejor evidencia disponible.