Hace un par de semanas, Espacio Público dio a conocer el informe “El sistema penitenciario en Chile: ¿un enfermo que se deteriora?”, que coescribimos junto con Patricio Domínguez y Raúl Fugellie. En él pudimos constatar la situación crítica que enfrenta el sistema nacional desde varias perspectivas, muchas delas cuáles suelen ser poco consideradas en el debate público en la materia.Lamentablemente, varios de estos problemas son de largo aliento en nuestro país y se reiteran cada cierto tiempo, sin que avancemos demasiado en resolverlos.

Por de pronto, el informe identifica un aumento significativo de la población en régimen de control cerrado a partir del año 2021. En la actualidad dicha población llegaría a cerca de 55 mil, la cifra más alta que se tiene registro en el país, según ha constatado el ministro de Justicia en forma reciente y que supera en alrededor de 30% la capacidad instalada en nuestros recintos penitenciarios. El incremento explosivo de la población encerrada es fuertemente explicado por el aumento de personas en prisión preventiva. Así, si el 2010 había alrededor de 10 mil 500 personas en esa condición, a marzo de 2024 dicha cifra era de 20 mil 103.

Pero el informe va más allá de los datos de la población penitenciaria. En esta dirección quisimos analizar otro aspecto al que se le ha prestado menos atención en el debate público: la capacidad del sistema penitenciario de responder a esta demanda desde el punto de vista de sus recursos (presupuesto e infraestructura) y personal. Así, constatamos que el presupuesto asignado a Gendarmería para las labores de custodia y reinserción se ha mantenido estable desde 2019 e incluso con una leve baja a pesar del aumento de la demanda en el mismo período. Esto significa que con los mismos o menos recursos económicos se ha debido atender a un número significativamente superior de personas en recintos penitenciarios. De la mano de lo anterior, también pudimos constatar un fuerte deterioro de la relación entre funcionarios penitenciarios y reclusos, pasando de una tasa de 3,27 reclusos por funcionario el año 2019 a una de 3,83 el 2023.

Adicionalmente, indagamos sobre el escenario real de los recursos humanos disponibles en un contexto en el que existe información que muestra que las licencias médicas han aumentado en el sector público como un fenómeno general. El informe muestra un incremento significativo de licencias médicas desde el año 2012. Si en 2021 ellas superaron por poco las 40 mil, el 2023 fueron más de 60 mil. También constatamos unaumento muy importante en su duración, correspondiente a 33% más entre 2021 y 2023. Al considerar el escenario de personal disponible en la realidad, descontadas las licencias, la tasa de reclusos por funcionario aumenta a 4,39.

El promedio de días de licencia para el año 2023 en Gendarmería sería de 48,5, muy superior al promedio nacional de 2022 para el sector público: 35,4 días, según reportó recientemente un estudio publicado en el Diario Financiero.Como se puede observar, una situación muy por sobre el promedio que ya representa una situación delicada en el resto del sector público.

Mi preocupación es que detrás de estos números se esconden impactos de diversa naturaleza quemuestran un panorama grave no solo para el sistema penitenciario. Por cierto, ellos dan cuenta de problemas serios para cumplir con condiciones de dignidad mínimas y respeto de derechos fundamentales de los reclusos. A su vez, muestran un fuerte deterioro de la capacidad de reinserción social que pudiera tener el sistema (por ejemplo, al no existir condiciones para una adecuada segregación o no contar con oferta programática que satisfaga todas las necesidades). Se suman a ello serios problemas para la gestión penitenciaria yun deterioro significativo de las condiciones de trabajo de los funcionarios (lo que probablemente explica también el aumento de las licencias). Por cierto, en este escenario se agravan problemas de corrupción al interior de las cárceles, fenómeno que ha ido en aumento, según muestran diversas fuentes, entre otras, los informes de visita a cárceles elaborados por el juez de Garantía Fernando Guzmán en Santiago.

Mención aparte requiere el tema de la seguridad. Como he señalado en forma previa, la situación carcelaria actual se explica en buena medida, aun cuando no exclusivamente, como consecuencia del impacto que ha tenido la legislación y las políticas públicas adoptadas en los últimos años en el contexto de desarrollo de distintas agendas por la seguridad pública. La paradoja es que la situación penitenciaria actual escaldo de cultivo para aumentar los problemas de seguridad al interior de los recintos penitenciarios y con proyecciones extramuros, como se ha debatido recientemente y lo muestra la experiencia de varios países de la región.

Las reformas legales y políticas públicas que se han venido discutiendo en materia de seguridad en los últimos años no han considerado adecuadamente los impactos que podrían generar al sistema penitenciario. Estos son profundos y se presentan en distintas dimensiones. Pensar que ellos se solucionan solo con propuestas de construcción de más cárceles, como hemos escuchado recientemente (públicas o concesionadas, más cercanas o lejanas a centros urbanos), es una superficialidad y un error. La falta de una visión más compleja y sistémica sobre estos fenómenos, que lleve a abordarlos considerando distintas variables, es solo pan para hoy y hambre para mañana.