Otros de los importantes anuncios del Presidente en su cuenta pública y en los cuales ha estado trabajando el ministro de Justicia es un proyecto de ley que «buscar terminar con el lobby judicial, aumentar los requisitos para el nombramiento de nuestros jueces y también modificar el sistema que se aplica hoy día para nombrar a nuestros jueces y a nuestros fiscales». Sin duda lo anterior es consecuencia del llamado ‘desastre de Rancagua», donde se investiga a tres ministros de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad por posibles delitos de corrupción a lo que se sumó la fallida nominación del Gobierno de la ministra Lusic para la Corte Suprema.

Otros de los importantes anuncios del Presidente en su cuenta pública y en los cuales ha estado trabajando el ministro de Justicia es un proyecto de ley que «buscar terminar con el lobby judicial, aumentar los requisitos para el nombramiento de nuestros jueces y también modificar el sistema que se aplica hoy día para nombrar a nuestros jueces y a nuestros fiscales». Sin duda lo anterior es consecuencia del llamado ‘desastre de Rancagua», donde se investiga a tres ministros de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad por posibles delitos de corrupción a lo que se sumó la fallida nominación del Gobierno de la ministra Lusic para la Corte Suprema.

Lo anterior develó una serie de malas prácticas, algunas que incluso podrían bordear la ilegalidad, para acceder a nombramientos y ascensos dentro del Poder Judicial. Lo anterior, como han señalado vatios expertos, se debería al diseño institucional y el sistema de nombramientos que promueven este tipo de prácticas.

Por esto, no cabe sino apoyar que se esté promoviendo una reforma de este tipo. Sin embargo, debemos tener cuidado que el nuevo diseño no traslade el denominado «besamanos» o solicitud de favores de unas autoridades a otras. De este modo se debe velar porque las personas que estén encargadas de los nombramientos no tengan conflictos de interés y se recibe a través de procedimientos objetivos, transparentes y públicos para evitar su politización, captura o el tráfico de influencias. Perú recientemente realizó una reforma en la materia y existen modelos en Estados Unidos o Reino Unido de los cuales se pueden extraer lecciones.

Esperemos que lo anterior también se traslade a los nombramientos en que participan tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso, donde también se ha criticado la poca participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia que muchas veces ha llevado a que prime el cuoteo para nombramientos de altas instituciones del Estado.

El sistema judicial es clave para un Estado de Derecho y para combatir la corrupción, por lo que su modernización y reforma, se hace urgente.