Una parte del empresariado debe estar celebrando que el nuevo Sernac estaría pronto a recibir un tiro de gracia por parte del Tribunal Constitucional. Es difícil comprender la miopía de esa actitud, la incapacidad de entender que echar abajo un Sernac que ayude a pavimentar un camino de recuperación de las confianzas entre empresas y consumidores es simplemente pan para hoy y hambre para mañana.

Según lo que fue filtrado hace algunos días por este mismo medio, se estaría eliminando una serie de facultades normativas y sancionatorias que estaban contempladas en la recientemente aprobada ley. No entraré aquí en la larga discusión legal que ha rondado a este proyecto de ley. En cambio, luego de más de tres años de tramitación de esta normativa, y ante una eventual bomba (de racimo, han dicho algunos) a los cimientos de la posibilidad que el Estado pueda jugar un verdadero rol de contrapeso ante el mercado, me parece más relevante analizar la errada estrategia que han seguido algunos de los gremios empresariales.

Han pasado poco más de siete años del destape del caso La Polar, el que se convirtió en el emblema del abuso masivo a millones de chilenos. El retail financiero dio así el puntapié inicial a una infeliz secuencia de escándalos que fueron gradualmente socavando la confianza ciudadana en las empresas. Según la encuesta “Chilenas y chilenos hoy”, de Espacio Público e Ipsos, que dimos a conocer hace algunas semanas, el 81% de las personas cree que los abusos de las empresas no han disminuido en los últimos cinco años. Esto coincide con la bajísima confianza en las empresas que reiteradamente ha reportado la encuesta CEP en los últimos años –entre el 2014 y el 2017 nunca supera el 15%–.

Ese mismo retail financiero, a través de la Cámara Nacional de Comercio, ha encabezado la batalla final contra el nuevo Sernac. Esto es no entender que el problema no es un Estado que supuestamente busca levantarse como un Leviatán. El problema son esos millones de consumidores descontentos con las condiciones y el trato que reciben a diario de parte de muchas empresas. El problema es el caldo de cultivo para medidas mucho más drásticas que esa sensación permanente de abuso genera. Basta con mirar el caso de las AFPs. Siendo por años exitosas en mantener el status quo, lograron acopiar un nivel de desprestigio que llevó a más de un millón de personas a las calles exigiendo su desaparición.

Una estrategia con visión de largo plazo habría optado por allanarse a buscar la mejor ley posible. Un Sernac robustecido no debiera representar una amenaza para las empresas que buscan hacer las cosas bien –las que ciertamente son muchas–. Al contrario, debiera constituir un alivio, al nivelar para arriba a empresas con malas prácticas que de lo contrario desprestigian la labor empresarial y pueden operar a menores costos. Por ello, sería lamentable que aquellas empresas que buscan mantener el status quo hayan prevalecido.

Los empresarios dicen ser los maestros de convertir amenazas en oportunidades. Si la sentencia del Tribunal Constitucional se confirma, no habría nada que celebrar; significaría que acaban de desaprovechar una gran oportunidad. En la necesidad de reforzar el Sernac había un consenso tal que hasta Evelyn Matthei, en su candidatura presidencial del 2013, contemplaba en su programa una ambiciosa reforma. Un tiro de gracia al nuevo Sernac sería más bien un disparo en los pies de las mismas empresas, puesto que significaría seguir calentando una olla a presión sin válvula de escape.