La educación pública es un pilar fundamental en la construcción del país. Tiene el propósito y el potencial de generar oportunidades para la movilidad social, la formación integral como personas y ciudadanos, para promover valores y principios para la convivencia democrática y el desarrollo sostenible. Es una pieza clave para el desarrollo social, cultural y económico de Chile, algo sobre lo que existió un consenso desde los inicios de nuestra república. Sin embargo, desde la década del 80, la municipalización cambió radicalmente el modelo educativo, provocando un deterioro creciente de la educación pública, disminuyendo su relevancia y generando la pérdida de confianza de miles de familias. Si en el año 1981 representaba cerca del 80% de la matrícula escolar nacional, hoy apenas llega al 37%.
El promedio en los países OCDE supera el 80%, independientemente de su modelo de desarrollo económico. El desafío es enorme, especialmente en cuanto a calidad. Los resultados educativos muestran que si bien a nivel latinoamericano tenemos un desempeño relativamente bueno, estamos muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Nuestros mejores estudiantes apenas llegan al promedio de desempeño que logra el 10% de los estudiantes de más bajos resultados de Shanghái, teniendo el mismo nivel de ingreso promedio.
En ese contexto, hoy tenemos una oportunidad única —quizás la última— para constituir una educación pública que sea referente del sistema educativo en su conjunto y que movilice la mejora de todo el sistema. El año 2017 se aprobó, con apoyo transversal y por amplia mayoría, la ley que crea la Nueva Educación Pública. Este es un desafío que nos debe movilizar transversalmente como país. Esta ley transfiere gradualmente la educación municipal a 70 nuevos Servicios Locales de Educación, dedicados exclusivamente a la tarea de desarrollar una gestión moderna con foco en la calidad y en el apoyo y empoderamiento de todos los establecimientos a través de un trabajo en red, incorporando la participación de familias y comunidades.
A fines de este gobierno ya se habrán creado 11 Servicios Locales a cargo de la educación de más de 181 mil estudiantes en 43 comunas. A su vez, el Ministerio de Educación enviará prontamente al Consejo Nacional de Educación la primera Estrategia Nacional de Educación Pública para su aprobación, la que dotará al sistema de propósitos y metas por los próximos ocho años y será por lo tanto la estrategia vigente cuando todos los establecimientos sean transferidos. Sabemos que el camino no es simple y empiezan a visibilizarse desafíos que requieren tanto de capacidades técnicas como de compromisos políticos y sociales. El éxito de la Nueva Educación Pública depende, en buena medida, de que sea entendida como una política de Estado y que cuente con un respaldo amplio y sostenido.
La invitación que hacemos es a sumar esfuerzos y promover una conversación amplia sobre la importancia de la Nueva Educación Pública, apoyar su implementación, visibilizar sus avances, superar sus desafíos y entregar propuestas que respondan a las necesidades del sistema y de las comunidades. La Nueva Educación Pública es una oportunidad histórica para recuperar un eje fundante de nuestra república y convertirla en un orgullo de nuestro país, con familias y comunidades empoderadas, colegios bien equipados, que ofrezcan una formación integral que motive a las y los estudiantes y les permita desplegar sus sueños.
Solo así podremos formar personas y ciudadanos capaces de conducir a Chile al desarrollo del que tanto hablamos. Hacemos un llamado a líderes políticos, sociales y de opinión, académicos, comunidades educativas y ciudadanía en general, a sumarse para fortalecer y apoyar la Nueva Educación Pública. Chile nos exige que todas y todos contribuyamos con este proceso histórico