Los casos de posible corrupción que se investigan hoy en la Corte de Apelaciones de Rancagua, y la polémica que ha envuelto el nombramiento de la magistrada Lusic a la Corte Suprema, han puesto bajo el foco al Poder Judicial, que hasta el momento se había visto libre de este tipo de acusaciones.

Por ello, el Poder Judicial ha señalado que adoptará medidas para promover una mayor probidad y transparencia de su actuar, tanto de reuniones, nombramientos, como de otros documentos, lo cual no puede sino ser celebrado.

Sin embargo, no debemos olvidar que la actual regulación ya establece que los jueces deben abstenerse de ‘dar oído’ a alegaciones que se le intenten hacer fuera del tribunal, respecto de causas que conocen, razón por la cual los tribunales y sus integrantes quedaron fuera de la regulación de la ley del lobby.

Si bien compartimos la apreciación de que no hay una profunda corrupción en nuestro sistema judicial, estos hechos deben ser tomados como una oportunidad para revisar nuestra institucionalidad, y los diversos ‘incentivos’ que expertos han señalado en los últimos días, que pueden llevar a prácticas reñidas con la ética o, incluso, a delitos de tráfico de influencias.

En este sentido, vemos necesario que discutamos cómo se puede perfeccionar la carrera judicial, el sistema de nombramientos y una mayor transparencia en el actuar de nuestros jueces.