Dentro de los más importantes pendientes de fortalecimiento institucional que tiene Chile, la descentralización se ubica en un lugar destacado. Luego de una dificultosa tramitación, una ley aprobada a finales del gobierno anterior hará posible que el próximo 11 de abril votemos por primera vez por la nueva figura de los gobernadores regionales.
El pasado 29 de noviembre, diferentes pactos políticos se sometieron a primarias para definir sus candidatos para la elección definitiva que se realizará en la fecha recién mencionada. La participación en las primarias fue muy baja y ha generado preocupación. Se ha tratado de explicar de diferentes maneras: desde que los partidos no habrían sido capaces de movilizar a sus adherentes y militantes, pasando porque el gobierno no las habría promovido lo suficiente, hasta llegar a que la ciudadanía desconoce o no valora por una supuesta irrelevancia la nueva figura de los gobernadores regionales. En este último punto vale la pena detenerse, pues es el más importante para analizar en perspectiva futura. En ese sentido, es cierto que el traspaso de competencias a los gobernadores electos es incompleta, y que existen incertidumbres sobre su coordinación con aquellas responsabilidades que mantendrá el gobierno central a través de los delegados presidenciales. Con todo, dentro de este marco imperfecto, se debe destacar como un primer paso para fortalecer el desarrollo regional de Chile y permitir que cada zona pueda tomar sus decisiones. En el corto plazo, será responsabilidad de los gobernadores electos lograr mayores avances y ayudar a atar los cabos sueltos más urgentes.
Por otro lado, no debe olvidarse que la nueva Constitución probablemente acometerá la regulación definitiva de esta materia, pero debemos cuidar no caer en la pretensión de constitucionalizar todos los aspectos. Se trata de la mejor oportunidad para lograr la consolidación de gobiernos regionales que, por un lado, cuenten con una autonomía adecuada, y por otro, estén correctamente coordinados con el gobierno central, en una institucionalidad con competencias claramente delimitadas, que fomente la responsabilidad y la colaboración. Tenemos que lograr que los desafíos territoriales nutran la discusión constitucional, más aún cuando una de las preguntas más relevantes del proceso constituyente será la forma en la cual se distribuirá el poder en Chile durante las próximas décadas. Lo anterior, se hace más evidente gracias al último año, el cual nos ha demostrado la imperiosa necesidad de acercar los niveles del Estado a la ciudadanía, algo bastante dificultoso en un país tan centralizado como el nuestro.
En esta perspectiva, se ve más claro que, a pesar de las deficiencias que pueda tener el cargo actualmente, la elección de gobernadores del 11 de abril es de suma importancia. Se trata, ni más ni menos, que de un fundamental paso para el desarrollo progresivo de mayor descentralización, que Chile urgentemente necesita.