El Sernac es una entidad esencial en la defensa de los consumidores. Ha tenido un importante rol, por ejemplo, en llegar a acuerdo con la CMPC para la indemnización por la colusión del papel tissue, en otras demandas colectivas en defensa de un alto número de consumidores e informando sobre subidas de precios en épocas festivas, para ayudar a una mejor elección de los consumidores. Sin embargo, la mayoría de sus funciones son de apoyo, difusión y mediación, pero sin facultades de sancionar o fiscalizar de una manera efectiva a los proveedores.

Esto se pretendía remediar con un proyecto de ley que estuvo cuatro años en discusión en el Congreso. Pero en el control que hace el Tribunal Constitucional (TC) de algunas de sus normas, la mayoría de estas nuevas facultades fueron descartadas y seguirán en manos de los juzgados de policía local.

El principal argumento es que los consumidores y proveedores se encuentran en un plano de igualdad y, por lo tanto, la facultad de sancionar era excesiva. Sin embargo, la realidad ha demostrado que el razonamiento del TC es errado y que los consumidores nos encontramos en clara desventaja frente a los proveedores y que, sin organismos que fiscalicen y sancionen, estamos bastante desprotegidos. De hecho, los reclamos de los consumidores durante 2017 aumentaron un 27% respecto del año anterior.

Si los proveedores actuaran de buena fe y estuviéramos en una cancha pareja, no estaríamos frente a este aumento. Por otra parte, dadas las escasas facultades actuales del Sernac, 4 de cada 10 reclamos presentados recibieron una respuesta negativa por parte del proveedor.

Esperemos que el gobierno entrante se haga cargo de este tema, ya que en Chile son conocidos los casos de abusos frente a los consumidores por falta de herramientas disuasivas y un ente que intente proteger a la parte más débil, los consumidores, en las relaciones comerciales.