Los chats de WhatsApp dados a conocer hace algunas semanas en un reportaje de Ciper Chile y en el que se mencionaban gestiones de jueces y de terceros para obtener apoyos a sus candidaturas a la Corte Suprema y conversaciones que involucraban también diversas gestiones de jueces y terceros respecto de las designaciones de notarios y otros cargos, abrieron nuevamente el debate sobre un problema que lleva tiempo presentándose en el país, pero en el que se ha avanzado poco: las designaciones judiciales y las de cargos en que interviene el sistema judicial.

Recordemos que la propia Corte Suprema se ha pronunciado desde el año 2014 sobre la materia y este ha sido un tema que generó enorme atención y polémicas en ambos procesos constitucionales, que incluyeron propuestas de cambio relevantes en comparación con la situación actual. Por otra parte, desde el año 2021 existe un proyecto en discusión en el Congreso sobre la materia (Boletín 14.191-07). Más recientemente, un grupo bastante transversal, políticamente hablando, de expertos presentó (17 de junio) un conjunto de propuestas focalizadas en los sistemas de designación de ministros y fiscales de Corte Suprema y cortes de Apelaciones (en adelante, la “Propuesta de los Expertos”). Finalmente, con fecha 1 de julio, la propia Corte Suprema volvió a establecer propuestas en la materia en el Acta N° 134-2024.

Evidencia reciente muestra que la falta de avance de esta discusión está teniendo repercusión en la imagen pública del sistema judicial y en la confianza que la ciudadanía manifiesta a su trabajo. Esto genera un enorme daño al Estado de Derecho. Así, por ejemplo, la encuesta Signos (26 de julio) mostró que el 90,3% de las personas creen que hay tráfico de influencias en la Corte Suprema, un 95,6% estimó que los jueces de la Corte Suprema debieran estar sometidos a las regulaciones de lobby al igual que otros funcionarios públicos y un 95,4% estuvo de acuerdo con que debiera haber un cambio en su sistema de designación.

La Encuesta CEP N° 91 (junio-julio 2024) muestra otros elementos preocupantes. Un 69% estima que hay muchas personas involucradas en corrupción en Chile y, al preguntar por la extensión del fenómeno en distintas instituciones, los “tribunales de justicia” aparecen en tercer lugar, con un 50%. A nivel de confianza, la CEP muestra que solo un 15% la manifiesta en los tribunales de justicia (el año 2023 era de 16%) y la encuesta Signos da 2,5 puntos, en una escala de 1 a 7.

La encuesta Cadem N° 550 (de la cuarta semana de julio) indica que un 26% aprueba el trabajo realizado por los tribunales de justicia, representando una baja de 3% respecto del mes anterior. En fin, podría seguir presentando datos similares de diversas encuestas, todas las cuales parecen sugerir que los ya bajos niveles de confianza que la ciudadanía tenía sobre el sistema judicial se han visto deteriorados en el último tiempo y ha ido creciendo la percepción de la existencia de problemas de tráfico de influencias y corrupción. Ello podría ser explicado, al menos en parte, por la reciente crisis desatada en materia de designaciones. Parece, en consecuencia, un momento oportuno para avanzar en la materia.

Si se analizan las propuestas más recientes disponibles (la Propuesta de Expertos y la de la Corte Suprema) es posible observar acuerdos importantes en cuestiones estructurales, las que también fueron ejes en el proyecto constitucional de 2022 y en el de ley de 2021. Me parece que esto establece una base común sobre la cual debiera construirse un acuerdo.

El acuerdo básico debiera partir por los objetivos y alcances que debiera tener un nuevo sistema de designaciones. Como destaca la Propuesta de Expertos, un objetivo central del sistema debiera ser asegurar el mérito o calidad técnica de las personas electas, lo que incluiría también permitir una integración plural de órganos como la Corte Suprema, que requieren de diversidad para el ejercicio adecuado de su función. A este objetivo agregaría otros dos. El primero es que el modelo debiera asegurar niveles importantes de transparencia que ayuden a fortalecer la confianza pública en el sistema judicial y, a la vez, favorecer la producción de información de alta calidad sobre los postulantes para permitir la toma de decisiones informadas. El otro objetivo que agregaría es que los sistemas de designaciones de jueces deben resguardar al máximo la independencia externa e interna de los designados, es decir, evitar que dichos procesos sean instancias de captura de los jueces a intereses políticos, corporativos y de cualquier otra naturaleza, o que sean una oportunidad en que generen “deudas” de distinto tipo a los jueces que luego puedan ser “cobradas” por actores externos o internos.

En materia de alcances de los sistemas de designación me parece que también existe un consenso importante. Se debe rediseñar por completo el sistema de designación de todos los jueces en sus distintas funciones y no solo los de tribunales superiores, sin perjuicio de establecer prioridades al momento de avanzar en la implementación de estos cambios. Por otra parte, también pareciera existir acuerdo en que designaciones de funcionarios como notarios, conservadores y archiveros judiciales debieran ser incluidos. A lo anterior agregaría otro conjunto de designaciones de autoridades ajenas al Poder Judicial en las que la Corte Suprema interviene, como por ejemplo, la del fiscal nacional del Ministerio Público.

Sobre esta base me parece que las propuestas existentes muestran niveles de acuerdo, sin perjuicio de discrepancias luego a nivel de ingeniería de detalle, en cuatro grandes ejes que nos debieran permitir avanzar rápido en la materia.

En el primer eje, no pareciera existir mucho debate respecto de que es conveniente sacar al sistema judicial del sistema de designaciones y, especialmente, su participación actual en la elaboración de listas cortas de los candidatos a los diversos cargos (ternas y quinas, según corresponda). Esto es un avance bastante importante, ya que incluso la propia Corte Suprema manifiesta voluntad de ceder un espacio importante de poder con el que cuenta en la actualidad.

En segundo término, también pareciera existir acuerdo en que la labor de selección de candidatos debiera alojarse en un tipo de institucionalidad de corte más técnico y autónoma que siga procedimientos más transparentes y con mejor calidad de información para la toma de decisiones que los actuales. Existe cierta discrepancia en cómo debiera integrarse dicho órgano, pero no en el principio de que cualquier sistema de integración debiera ser pensado para asegurar la independencia de los jueces electos y permitir favorecer el mérito técnico de las postulaciones. Tratándose de cargos como los de los notarios, archiveros y conservadores, derechamente se propone avanzar a un sistema de designación técnica como o la alta dirección pública.

En tercer lugar, existe bastante acuerdo en la necesidad de redefinir el espacio que debiera tener la política en el sistema de designaciones judiciales. Me parece que, especialmente tratándose de los cargos superiores como la Corte Suprema, no debiera pensarse en excluir a la política del todo; es frecuente, en democracias consolidadas a nivel comparado, que este tipo de designaciones efectivamente incluya un espacio relevante para la política. Lo que sí debe pensarse es que se trate de un espacio más adecuado que el actual. Por ejemplo, la Propuesta de los Expertos plantea volver al sistema antiguo de designaciones de ministros de la Corte Suprema, sacando al Senado y dándole al Presidente de la República el poder de elección sobre una lista corta en un plazo breve. Por otra parte, se propone que en la comisión técnica existan algunos integrantes designados por el Senado y el propio Presidente, en la medida que ellos satisfagan ciertos perfiles profesionales y de prestigio que garanticen niveles de autonomía relevantes.

Finalmente, me parece que no debiera ser difícil de consensuar que, a pesar de que las dificultades de los sistemas de nombramientos son indicativas de otros problemas del diseño institucional de nuestro sistema judicial que también requerirían modificaciones, esta es un área prioritaria en la que se puede avanzar.

Creo que la principal dificultad para transformar estas ideas en cambios concretos está, no tanto en la posibilidad de lograr un consenso técnico, sino fundamentalmente en la dimensión o voluntad política de cambio. Por ejemplo, ¿estará dispuesto el Congreso, tal como lo ha hecho la Corte Suprema, a reducir su poder en los procesos de designación? Esperemos que se tenga la suficiente altura de miras en esta materia y que ello motive a avanzar decididamente. Lo que está en juego es muy importante.