Solemos olvidar algunas cosas que en algún momento supimos, recordaba por estos días F. Fukuyama. El proceso de nombramiento de Dobra Lusic da cuenta exactamente de esto, pues muchos han despreciado las razones que llevaron al actual sistema de nombramiento de ministros de la Corte Suprema.
Es conveniente recordar los serios problemas de los que adolecía la Corte tras el retorno a la democracia. No sólo había tomado partido por el golpe militar: el discurso de su presidente en marzo de 1973 y el haber puesto la banda presidencial a Pinochet en 1974 eran parte de un pasado vergonzoso, vinculado con la peor crisis de nuestra democracia. Vergonzosa fue también su omisión consciente en materia de derechos humanos y la progresiva descomposición ética alimentada por la dictadura, que terminó en la acusación constitucional contra varios de sus ministros y con la remoción de uno de ellos por constituir un “símbolo del juez venal”, como se sostuvo en las audiencias que culminaron con su destitución.
La reforma constitucional de 1997, que estableció el actual sistema de nombramientos, buscaba que, con la participación de los tres poderes del Estado, se evitara la captura y la amenaza a la independencia judicial. Los candidatos al máximo tribunal pasarían por el escrutinio del Senado y así dejaríamos atrás un pasado lamentable.
Pero el tiempo es traicionero. Con los años, los senadores distorsionaron este sistema y lo transformaron en una parodia de ellos mismos Aparentan escrutinio sobre un candidato que en la opacidad de los pasillos y con una parodia de ellos mismos. Aparentan escrutinio sobre un candidato que, en la opacidad de los pasillos y con la intervención de ocultos intermediarios que actúan en sus nombres, gestionan y compensan nombramientos actuales y futuros con el ministro de Justicia de turno. La intervención de algunos senadores la semana pasada, en la audiencia pública de la jueza Lusic, es un ejemplo de este remedo que no resiste más.
Pero esto es posible, entre otras cosas, por la negligencia de la comunidad legal. Mientras muchos reclaman que estos nombramientos debieran seguir un estricto mecanismo de publicidad, como sucede en algunos países, otros tantos olvidan que, en estos mismos sistemas, el Colegio de Abogados y las escuelas de Derecho cumplen un rol esencial en el examen de los atributos y las decisiones previas de los candidatos. En nuestro país, el primero aparenta actuar como un club social que reproduce endogamia, evitando opinar sobre los candidatos, y las segundas están preocupadas de lidiar con una productividad abstracta, olvidando que su rol es fundamental en el estudio crítico de las decisiones judiciales y de los votos de los postulantes. Esto último es indispensable para la sanidad del sistema democrático. Es por eso que el proceso de selección de la ministra Lusic ha terminado siendo una caricatura de nuestras instituciones, las que aparentan ser lo que no son.