Pese a que no estaba planificada en el calendario, este jueves tuvimos nuevos resultados de la encuesta CEP. Pero ese mismo día se dieron a conocer los datos de una segunda medición, que sin la atención periodística que siempre genera la primera, aunque con una cobertura igual o incluso más robusta, iluminó con cierta evidencia que puede resultar muy interesante para el debate público que tendremos en los próximos años. En efecto, en una alianza entre Ipsos y el centro de estudios Espacio Público, se diseñó y desplegó un cuestionario cuyo propósito fue superar la clásica pregunta sobre aprobación de las políticas públicas, indagando cómo la provisión de ciertos bienes y servicios afecta la vida cotidiana de las personas, identificando preocupaciones y motivaciones, como también la disposición frente a ciertos cambios. Y todo lo anterior, con una metodología que enfrentó a los encuestados con casos concretos que permitieron iluminar mejor el sentido y profundidad de sus preferencias. Y aunque son varias las cuestiones que debemos mirar con algo más de calma, hay dos dimensiones que me interesa resaltar.

La primera apunta a la estrecha relación entre la voluntad de los ciudadanos para aportar al bien común y la evidencia concreta de los resultados de dicho esfuerzo. Así, por ejemplo, entre varias referencias similares, el 83% de los encuestados está dispuesto a esperar más tiempo por atención en salud, si efectivamente esa demora se justifica por la prioridad en la cobertura de los casos más graves o personas más necesitadas. Un resultado similar se registra en cuanto a la disposición a pagar más impuestos.

A continuación, también se derriban algunos miedos y prejuicios que han aflorado con mayor fuerza en el último tiempo, especialmente en cuanto al anhelo teórico y práctico de una sociedad más integrada. De esa manera, más del 80% de los encuestados considera que la convivencia escolar debe darse entre personas de distintas clases sociales, tendencia que se repite en las diferentes preguntas sobre integración de barrios y ciudad. Y las cifras son todavía más contundentes cuando el Estado y/o la comunidad están en condiciones de garantizar la calidad y la seguridad respectivamente.

De esa manera, parece muy arraigada la convicción de que la eficiencia y la eficacia son un imperativo ético de la acción política y especialmente de los programas públicos; lo que, incluso significando un sacrificio y postergación temporal o parcial, contribuye a la mejor disposición para promover la solidaridad, integración y diversidad. Entonces, no es el valor en cuestión sino la idoneidad del instrumento para materializarlo lo que debería convocar nuestra principal atención.