Los acontecimientos respecto a las elecciones en Venezuela han sido dramáticos. Vimos votaciones realizadas sin mínima transparencia, diferencias abismales entre los resultados oficiales y la contabilidad de la oposición, y brutal represión contra manifestantes. Hemos atestiguado también la desesperanza y angustia que la perpetuación del régimen de Maduro ha provocado en millones de venezolanos.
Lo ocurrido en Venezuela desde que Hugo Chávez llegó al poder es un ejemplo paradigmático de erosión democrática. En el siglo XXI, los regímenes autoritarios no suelen comenzar con golpes de Estado, sino que con el desmantelamiento progresivo de la democracia desde dentro. El punto de inflexión en Venezuela fue la Asamblea Constituyente de 1999, en la que Chávez obtuvo una mayoría aplastante gracias a reglas electorales diseñadas para favorecerlo. Ello le permitió promulgar una nueva Constitución que debilitó las instituciones de control y fortaleció el poder ejecutivo, utilizando así los mecanismos de reemplazo constitucional para debilitar la democracia (el llamado ‘constitucionalismo abusivo’). Junto a las múltiples reformas posteriores, esto dio lugar a una autocracia que, aunque mantiene la fachada de las elecciones periódicas, sabemos que ellas no son realmente libres ni permiten la alternancia en el poder.
A nivel de indicadores de democracia, Venezuela se encuentra dentro de los países peor clasificados del mundo. Si vemos el índice de democracia liberal del proyecto Varieties of Democracy, V-Dem (que considera 71 indicadores en los aspectos electorales y liberales de la democracia), se encuentra en el puesto 161 de 179 a nivel global. Dicha clasificación toma en cuenta elementos como la existencia de elecciones limpias, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. Por otro lado, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional otorga a Venezuela el segundo peor puntaje del mundo, sólo superado por Somalia. Ello da cuenta de un país en el que unos pocos se han apropiado de billonarios recursos públicos, exacerbando las condiciones de pobreza y desigualdad de la población. No es de extrañar por tanto que, de acuerdo al PNUD, el índice de desarrollo humano de Venezuela haya experimentado un progresivo deterioro durante la última década.
Los datos sólo reafirman la experiencia que hemos observado de primera mano en el drama humano de los más de siete millones de personas que han emigrado de Venezuela, de los cuales unas 700 mil se encuentran en Chile. Frente a esta tragedia, quienes defienden al régimen de Maduro parecen carecer de la más mínima convicción democrática e independencia de juicio. Estas exigen, sin duda, solidarizar con la situación de las personas en Venezuela y apoyar sus esfuerzos democratizadores.