En marzo de este año, el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, reconoció ante la Cámara de Diputados que la institución que dirige carecía de las capacidades suficientes para ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar. Yáñez fue explícito en reconocer la imposibilidad de adoptar medidas adecuadas de protección, atendido el volumen de los requerimientos.

Como informó el Instituto Milenio para el Estudio de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas, tras un año de la pandemia se produjo un aumento de 43,8% en los llamados al fono familia de Carabineros, lo que provocó un colapso en la red de asistencia de violencia intrafamiliar. Pero los investigadores entregaron otro dato relevante: las denuncias formales disminuyeron con las restricciones sanitarias.

Mientras aún no dimensionamos los efectos totales de la pandemia en la violencia intrafamiliar contra las mujeres, la Corte Suprema hace pocos días resolvió dos casos que pueden dar orientaciones de las consecuencias que provoca un sistema de atención de víctimas colapsado e inexperto.

En el primero, una mujer que denunció telefónicamente un caso de violencia, en un conflicto en el cual su pareja amenazaba con suicidarse con un arma que tenía en su poder. Al llegar al lugar, la policía le pidió al sujeto buscar el arma y, tan pronto la encontró, éste se disparo frente a su familia. La Corte ordenó pagar indemnizaciones porque Carabineros había incumplido el protocolo para abordar personas con actitudes suicidas.

En el segundo caso, un conserje denunció el maltrato que estaba sufriendo una mujer en manos de su pareja en un departamento. La policía, al concurrir al lugar, apartó a la víctima a otra habitación, y luego esta se lanzó por el balcón. La Corte, nuevamente, sostuvo que Carabineros había actuado de modo indebido al no cumplir con el protocolo de asistencia en casos de violencia intrafamiliar.

En pocos días, la Corte estableció el estándar que se debe satisfacer en este tipo de asuntos, uno que impone deberes de protección intenso a favor de las víctimas. De ahí que las declaraciones del general Yáñez de algún modo son el reconocimiento explícito de la incapacidad estatal de proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar durante la pandemia y, a su vez, de la responsabilidad que esto podría acarrear para el Estado.

La ineficacia en la protección de las víctimas tiene consecuencias nocivas para el sistema institucional, especialmente porque este pierde credibilidad al transformar en estéril el amparo de los derechos de las personas afectadas. Y, aunque los tribunales estén trasladando el costo de esa incapacidad a indemnizaciones con cargo al erario fiscal, lo cierto es que estas jamás podrán compensar lo que pudo haber sido una intervención pública oportuna.