El debate por la eventual construcción de viviendas sociales en Vitacura es una oportunidad única para la integración social, pero también revela los injustificados miedos que ésta provoca. En la encuesta Espacio Público-Ipsos de 2017 veíamos que el 81% de las personas está a favor de la integración social en barrios, incluso el 74% se mostró favorable a la construcción de viviendas sociales en su propio barrio. Hay entonces indicios para pensar que el rechazo de los vecinos de Vitacura a la construcción de viviendas sociales, a pesar de la estridencia mediática, es una posición minoritaria.

En la misma encuesta se aprecia que el principal motivo, entre quienes rechazan la integración, es el temor al aumento de la delincuencia. Algo que no es parte de los argumentos públicos, pero que está en el fondo de los temores del alcalde y vecinos. Es decir, se asocia el precio de la vivienda — sin tener ninguna información de la familia que la ocupará— a la calidad humana de su habitante, lo que nos muestra el irracional miedo que nos provoca el otro en un país muy segregado donde se han reducido los espacios de encuentro. Algo similar ocurre hoy en el debate sobre la inmigración.

No pretendemos estigmatizar a quienes exteriorizan este temor, pero nuestras políticas públicas y las decisiones de nuestras autoridades no pueden guiarse por estas posiciones minoritarias o miedos injustificados, sino que deben propiciar los necesarios espacios de encuentro e integración para construir una ciudad justa.

Vitacura es una comuna rica, llena de oportunidades, con altos estándares de calidad de vida y con una preocupante ausencia de viviendas económicas (de precio bajo las 2.000 UF). Esto es resultado de la libre operación del mercado de suelo, y como consecuencia genera decenas de miles viajes diarios a la comuna para proveer servicios. Personas que la enriquecen social y culturalmente, pero que no pueden vivir ahí porque no hay viviendas para su nivel de ingresos.

Vitacura no sólo podría recibir viviendas sociales y viviendas económicas —y muchas más que las proyectadas— sin el menor efecto, sino que las necesita. La comuna tiene baja densidad para sus estándares de equipamiento, los que se explican en gran medida por inversión pública. Por lo tanto, restringir al acceso de nuevas viviendas a través de bajas de densidad en planes reguladores o por el rechazo a proyectos de integración, además de ser injusto e ineficiente, no puede ser facultativo sólo de quienes ya viven en la comuna.

El mercado o el miedo no pueden ser la excusa. La política pública debe promover la integración social y que las familias más vulnerables tengan acceso a las oportunidades de la ciudad, a todas.