Cuando M\u00f3nica Maldonado asumi\u00f3 como fiscal de la Corte Suprema, en 2001, hizo de la visita a las c\u00e1rceles \u2014y las denuncias de lo que en ellas ocurr\u00eda\u2014 parte importante de su labor. En sus informes anuales advirti\u00f3 sobre las violaciones a los derechos humanos por las condiciones indignas en las que se encontraban las personas privadas de libertad. En 2010 se\u00f1al\u00f3 que la situaci\u00f3n de las c\u00e1rceles era una bomba de tiempo y as\u00ed lo sigui\u00f3 sosteniendo hasta su renuncia al Poder Judicial en 2014, cuando, con algo de decepci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que pese a los reportes las condiciones carcelarias no hab\u00edan cambiado. En 2018 la actual fiscal de la Corte, Lya Cabello, emiti\u00f3 otro duro informe y se\u00f1al\u00f3 que se manten\u00edan las situaciones vulneratorias de derechos humanos de los reclusos. De esos informes han tenido conocimiento todas las administraciones del Ministerio de Justicia y para cada tragedia que de tanto en tanto ocurre en las c\u00e1rceles, el Congreso vuelve sobre el contenido de estos como si fuera la primera vez que los conoce.<\/p>\n
La semana pasada se entreg\u00f3 un nuevo informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre la situaci\u00f3n carcelaria en nuestro pa\u00eds, que volvi\u00f3 a relatar hechos similares a los constatados en los a\u00f1os anteriores. Las personas que est\u00e1n privadas de libertad en varios establecimientos penitenciarios del pa\u00eds se encuentran en situaciones degradantes, sin condiciones elementales de subsistencia como alimentaci\u00f3n, habitabilidad y acceso a servicios higi\u00e9nicos.<\/p>\n
Pero el problema sigue siendo a\u00fan m\u00e1s grave. Seg\u00fan el Estudio Global de Homicidios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2019, Chile tiene una baja tasa de homicidios por cada cien mil habitantes (4,2), pero dispone de la m\u00e1s alta a nivel mundial respecto de personas privadas de libertad (95). En t\u00e9rminos simples, quienes est\u00e1n en prisi\u00f3n en nuestro pa\u00eds tienen un riesgo significativo de morir al interior de ellas por homicidios intencionales, un espacio donde esas personas, ir\u00f3nicamente, est\u00e1n bajo la protecci\u00f3n del Estado.<\/p>\n
Por lo mismo en los \u00faltimos a\u00f1os la Corte Suprema ha condenado al Estado al pago de indemnizaciones por la muerte de personas privadas de libertad como resultado de problemas sanitarios o de ri\u00f1as producto de inadecuadas medidas de seguridad.<\/p>\n
Si es cierto, como afirm\u00f3 Nelson Mandela, que nadie conoce realmente a una naci\u00f3n hasta haber estado en sus c\u00e1rceles, las condiciones crueles en las cuales se encuentran las personas en los centros penitenciarios son manifestaci\u00f3n de lo peor de lo nuestro, un asunto respecto del cual nos deber\u00edamos avergonzar. Porque, pese a las advertencias de estas dos \u00faltimas d\u00e9cadas, seguimos manteniendo una fr\u00eda indiferencia, depositando seres humanos en lugares lo m\u00e1s cercanos al infierno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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