En el Congreso se discute un proyecto para apurar trámites de permisos secto-riales. Me parece valioso para la inversión. Pero, como complemento paralelo, debiéramos además seguir otra estrategia que en Chile está bien probada por sus éxitos de estos 30 años. Me refiero a las grandes obras públicas concesiona-das. ¿Se imaginan cuántos kilómetros de esas carreteras tendríamos hoy en Chile si les hubiéramos entregado todos los trámites y negociaciones a las concesionarias privadas desde el inicio? Creo que tendríamos cero o muy pocos kilómetros de rutas.

El Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, era el dueño de todas las grandes etapas iniciales que requerían de solucionar enormes externalidades de los proyectos. No hablo solo del trazado de la ruta, sino también de las expropiaciones con compensación de las franjas adicionales de carretera y las negociaciones con comunidades aledañas. En jerga económica, todo lo que requería de negociación coasiana para viabilizar el proyecto. Solo después de que esos temas estaban listos, entonces llegaba el sector privado, para hacer lo que saben hacer bien —construir y operar carreteras—, encontrándose con un proyecto invertible que los mercados financieros entendían, y con muchos menos riesgos.

Aprendamos la lección de esa experiencia, para llevarla a los desafíos de nuestra inversión en el resto de la economía. Sugiero no licitar permisos o derechos iniciales sueltos, sino que empacarlos en paquetes que ya tengan una madurez que permita una acción efectiva del sector privado. Los proyectos mineros en Chile o Estados Unidos están bastante frenados por problemas de negociaciones territoriales. También pienso en nuevos proyectos de concesiones para piscicultura de mar, o también las interconexiones de líneas de transmisión eléctrica clave. En todas ellas, tengo la impresión de que hoy se entregan algunos derechos o permisos públicos en etapa muy inmadura, pero sin los complementos que permitan viabilizar la posterior realización del proyecto. El resultado es que las empresas pagan poco por el derecho inicial, para luego realizar una madeja de actividades para las que no tienen ventajas comparativas y que demoran mucho. Eso servía antes, pero ahora no mucho. La producción oportuna de minerales críticos en democracias occidentales requiere de que seamos capaces de resolver rápidamente esas negociaciones.

Una repartición del Estado —idealmente como empresa estatal, para contar con flexibili-dad— debiera planificar áreas preaprobadas para inversión, debiera obtener permisos básicos muy iniciales y, sobre todo, podría llevar a cabo negociaciones de externalidades ambientales y territoriales con comunidades. Con eso, ya entregárselo al sector privado para que ejecute su proyecto. Este enfoque no es nuevo en Chile y tenemos éxitos probados.