Días atrás, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei señaló que los principales enemigos de la ciudadanía son los defensores públicos. La razón, afirmó, es que en el desempeño de su labor utilizan ‘triquiñuelas’ para ‘dejar delincuentes sueltos’. Esta no es la primera vez que descalifica a las organizaciones del sistema de justicia.

La alcaldesa pasa por alto que la Defensoría Penal Pública es de las instituciones que mejor representa el tipo de servicio público al cual debemos aspirar. Cuando se creó, el Congreso tomo la decisión de establecer un servicio universal para toda persona que no tuviese abogado de confianza, con indiferencia de su patrimonio. A cambio, el que tiene ingresos debe realizar un co-pago al Estado. Eso permite que puedan acceder a la misma defensa desde la persona más pobre hasta el más rico de los ciudadanos. Ejemplos de esto último abundan.

Es, además, un servicio de provisión mixta. Por un lado están los defensores funcionarios del Estado y, por el otra, aquellos seleccionados mediante sistema de licitaciones. Ambos tienen la condición de defensores públicos y deben responder a los mismos estándares de calidad. Y esto es clave, porque el sistema está anualmente sometido a auditorías externas, cuyos resultados todos podemos revisar en línea.

Desde su creación, quienes han ostentado la calidad de defensores nacionales han sido abogados especialistas; los gobiernos han respetado sus trayectorias, manteniendo la continuidad de ellos de una administración a otra. Hoy, tras casi veinte años de funcionamiento, la política poco o nada tiene que decir en su interior.

Esto le ha permitido ser un protagonista permanente del premio anual a la excelencia institucional, con niveles de satisfacción importante entre sus usuarios. Y le permite también advertir objetivamente, por la reputación obtenida, los errores del sistema judicial. El Proyecto Inocentes es quizá la mejor demostración de esto.

Cuando la alcaldesa Matthei reacciona contra la Defensoría lo hace con completo desconocimiento de lo que es dicha institución. Si la observara con detención, apreciaría que la manera en que ha sido diseñada, y la modalidad de gestión pública que ha implementado, es algo de lo cual el municipio de Providencia podría aprender.

La Defensoría es un servicio público que reúne quizá todo lo que nos gustaría de un Estado eficaz, especialmente cuando queremos discutir sobre cómo garantizar derechos sociales: provee un servicio público universal, lo ejecuta bajo estándares de calidad conocidos, rinde cuenta cotidianamente, dispone de un reconocimiento entre sus pares, no es patrimonio de ningún gobierno y transmite la identidad de la función pública a todos los que se desempeñan en ella, quienes nos recuerdan que ‘sin defensa no hay justicia’.