Como prometió durante su campaña, el Presidente Gabriel Boric firmó el Acuerdo de Escazú dentro de su primera semana en el gobierno. De esta forma, dicho tratado ingresa al Congreso para tramitar su aprobación y, tras cuatro años desde su adopción internacional, Chile reimpulsa su incorporación como estado parte del acuerdo.
La importancia de este acuerdo radica en tres dimensiones esenciales para una sociedad que -como la nuestra- persigue una transición justa hacia la carbono neutralidad. Por un lado, la transparencia en la información y la participación ciudadana son dos aspectos muy relevantes. Ellos favorecen una mirada territorial sobre los procesos que se desarrollan a escala local, otorgándole voz a la ciudadanía y facilitando el diálogo con el gobierno a nivel central, regional y local. Por otro lado, el fortalecimiento de los mecanismos de protección a los y las defensoras ambientales es otro elemento fundamental, pues dará tranquilidad a quienes son amenazados por resguardar los ecosistemas.
En suma, son elementos que aportan a la gobernanza ambiental del país, fortaleciendo la institucionalidad de la que disponemos y proponiendo un camino para el desarrollo de proyectos sustentables. Sin ir más lejos, hace pocos días el Senado celebró de manera unánime la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, demostrando la transversalidad de estos temas. Del mismo modo, adherir al Acuerdo de Escazú es una tarea que le atañe a todos los sectores políticos, como se ha manifestado en la reciente carta firmada por las juventudes de una amplia gama de partidos políticos.
El Acuerdo de Escazú será sustantivo para la implementación de la mencionada ley de cambio climático, ya que ésta incluye principios sobre participación ciudadana, territorialidad de las políticas y planes, transparencia en la información, transversalidad en el actuar del Estado e inclusividad respecto de los grupos más vulnerables. A la vez, dicho tratado permitirá abordar desafíos urgentes en el país, como la gobernanza de los riesgos de desastres socioambientales –que aumentarán con el calentamiento global- o la promoción de procesos participativos para la restauración social y ambiental en las zonas de sacrificio.
Por este motivo, que Chile adhiera al Acuerdo de Escazú es un esfuerzo que nos debe convocar a todas y todos, en tanto permite consolidar los cambios necesarios que nuestra institucionalidad requiere, en virtud de la participación ciudadana y la mejora de los estándares de información. En otras palabras, firmar Escazú es una oportunidad para zanjar una deuda con la democracia ambiental que manteníamos innecesariamente pendiente.