Chile perdió este jueves la oportunidad de encabezar la simbólica foto de la ceremonia de firma del Acuerdo de Escazú en la Asamblea General de Naciones Unidas. Después de impulsar y liderar las negociaciones, conforme a una consistente política de Estado, hasta lograr en marzo la adopción del texto del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, no sólo nos perdimos la foto, sino que perdimos liderazgo y credibilidad internacional y regional.
El objetivo del Acuerdo de Escazú es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. El tratado contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y espera beneficiar a más de 500 millones de personas en la región.
Tal como lo declaramos 176 abogados y abogadas especialistas en derecho ambiental e internacional, el tratado reafirma compromisos ya suscritos por Chile en acuerdos internacionales y desarrollados en su legislación interna, para elevar los estándares con que hoy se resuelven los conflictos socioambientales en los territorios. En esa línea, se espera reducir la temida judicialización, promoviendo el diálogo, en el marco del Estado de Derecho.
La explicación para postergar la firma del tratado alude a su mecanismo de solución de controversias. Sin embargo, el acuerdo contiene principalmente compromisos de cada Estado con sus ciudadanos. Las improbables controversias entre Estados se abordan con un comité de facilitación y por negociación, siendo la última ratio el arbitraje o la Corte Internacional, alternativas a cuyo sometimiento las partes pueden renunciar en cualquier momento. Así lo demuestra la experiencia de 20 años de su símil europeo, la Convención de Aarhus, que no ha tenido controversias. No queda sino felicitar a los 14 Estados que ya se comprometieron, y esperar que Chile firme a la brevedad y enmiende el rumbo.