Durante los últimos años en Chile, diversos casos de corrupción han salido a la luz, dejando al descubierto cómo el Sistema de Justicia Penal ha dado respuesta a ellos. Desde amplios sectores de la población las medidas han sido calificadas como insuficientes, contribuyendo a generar una sensación de impunidad por el trato de este tipo de delito versus los comunes.

Por ello, con el objetivo de identificar las reglas, instituciones y prácticas que condicionan, favorecen o perjudican la entrega de una respuesta adecuada a diversas manifestaciones de corrupción, se lanzó en Espacio Público el informe “El Sistema de Justicia Penal y su lucha contra la corrupción en Chile”, investigación realizada por Mauricio Duce, Cristián Riego, Valentina Zagmutt y Bastían Martínez.

Los autores analizaron la respuesta que los sistemas de justicia penal dieron a casos importantes de corrupción en cuatro países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile y Guatemala. En nuestro país la investigación se realizó en base a los casos Fragatas, Penta, Soquimich (SQM), Corpesca y Basuras, tomando en cuenta el ámbito institucional, procesal y operativo, penal sustantivo y otros elementos relevantes.

Para Mauricio Duce, director de Espacio Público y académico de la de la Universidad Diego Portales (UDP), “el informe permite indagar un área del funcionamiento de la justicia penal en Chile que no había sido investigada previamente y mapear con mucha mejor precisión lugares con puntos ciegos que pueden constituir obstáculos para la persecución penal de los delitos de corrupción que han estado fuera del debate público, los que que han tendido a centrarse excesivamente solo en la tipificación de los délitos y de su penalidad. Producto de la investigación tenemos muchas más áreas en donde habría que introducir mejoras y cambios”.

El lanzamiento se realizó en la oficina de Espacio Público y contó con la presencia de 40 asistentes de diferentes instituciones. Nuestro presidente ejecutivo, Diego Pardow, fue el encargado de dar las palabras de bienvenida, recalcando que el informe “es capaz de traducir a un lenguaje mucho más general datos técnicos en materia de corrupción”.

A continuación, se dio paso a la presentación a cargo de Cristián Riego, autor del informe y académico de la Facultad de Derecho de la UDP, quien explicó los principales hallazgos del estudio. Entre los factores que podrían incidir en las débiles respuestas entregadas a los casos de corrupción analizados, se advirtió que las Policías, el Ministerio Público y el Poder Judicial no cuentan con niveles de especialización adecuados para hacerse cargo de manera efectiva de este tipo de delitos.

Además, según explicó Riego, “en materia de drogas hay muchas más facultades de investigación que para delitos económicos”, puesto que la legislación vigente no considera el uso de herramientas especiales en los casos de corrupción, como interceptaciones telefónicas o agentes encubiertos, las que sí están contempladas en la Ley N°20.000 que sanciona el tráfico de drogas, e incluso en delitos comunes contra la propiedad.

El académico de la UDP también recordó que sólo una de las sentencias condenatorias fue dictada en un juicio oral ordinario y de cumplimiento efectivo. El resto de las condenas fueron obtenidas por medio de procedimientos negociados entre los imputados y el Ministerio Público.

Una vez finalizada su presentación, se dio paso a un panel compuesto por Ximena Chong, fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad; Patricia Politzer, periodista y escritora; y Leonardo Soto, diputado. La instancia fue moderada por Valentina Zagmutt, abogada e investigadora de Espacio Público.

Para Ximena Chong es importante analizar las respuestas que ha dado el Sistema de Justicia Penal a este tipo de delitos porque “permite abrir los ojos frente a determinadas áreas en las cuales tenemos que poner atención, como operadores de la justicia penal, para corregir esas brechas”.

Considerando la crisis actual que vive el país y la desconfianza hacia las instituciones, la fiscal aseguró que “la Fiscalía tiene que ser capaz de desarrollar estrategias que permitan reconstruir el tejido de confianza con la ciudadanía y para ello se deben consolidar formas de trabajo que sean transparentes”.

Por su parte, Patricia Politzer destacó el rol que tuvieron los medios de comunicación en los casos de corrupción estudiados, asegurando que sin la intervención de la prensa los hechos podrían haber sido fácilmente ocultados. Del mismo modo, cuestionó al Gobierno por su lentitud en las gestiones para sacar adelante la Agenda Antiabusos, sosteniendo que “el anuncio lo hizo el Presidente por cadena nacional, dándole relevancia especial. Esto fue el 9 de diciembre, han pasado tres meses y el Congreso sigue esperando el proyecto de ley”.

En tanto, el diputado Leonardo Soto señaló que es importante trabajar en la prevención de la corrupción y robustecer las respuestas que el sistema da ese tipo de casos, pues “no hay nada que indigne más a la gente que los poderosos se salgan con la suya. Uno ve que existe cárcel para pobres y clases de ética para los poderosos”. Además afirmó que es fundamental realizar una revisión completa al Sistema de Justicia Penal y establecer, por ejemplo, un estatuto especial para los delitos económicos.

Al término de las exposiciones se abrió espacio para las preguntas de los asistentes, donde se analizaron los desafíos en la materia, de cara al proceso constituyente, y cómo es posible abordar la sensación de impunidad que ha ido en aumento post estallido social.

Descarga aquí el Informe «El Sistema de Justicia Penal y su lucha contra la corrupción en Chile».

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