Actualmente nuestro país enfrenta una crisis social que exige volver a pensar la agenda de políticas públicas y uno de los temas que ha surgido con fuerza del descontento social se relaciona con la percepción de impunidad por parte de élites, políticos y autoridades en delitos vinculados a corrupción, así como también la poca fiscalización externa a parlamentarias y parlamentarios. Espacio Público ha presentado una serie de propuestas en la materia, varias de ellas se discuten hacen años, pero sin la urgencia o voluntad política suficiente. Es por ello que el think tank presenta una Agenda para combatir la impunidad que contempla distintas medidas para el corto y mediano plazo.

Respecto al objetivo de destrabar la discusión y avanzar en implementar medidas concretas, el presidente Ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow, sostiene que “creemos que la disposición a colaborar puede sacar a los distintos actores políticos de sus trincheras y acercarnos a un espacio donde podamos llegar a acuerdos. Es por ello que presentamos esta Agenda, de manera de contribuir a generar el impulso suficiente para llevar estas propuestas a la práctica”.

Tal como agrega la directora de Incidencia de la institución, María Jaraquemada, la propuesta de estas medidas tiene un arraigo en el quehacer del centro de pensamiento y espera que ante el conflicto social sea un aporte “para canalizar las demandas sociales se debe avanzar en paralelo en tres áreas: agenda social –que ya hay una propuesta del Gobierno-, Nueva Constitución y una agenda para combatir la impunidad”. “En esto último, hay una serie de materias, varias de ellas provienen de la Comisión Engel, en las que se puede avanzar en un corto y mediano plazo, para contar con un Estado más transparente y un país con más justicia social”, agrega la abogada.

Entre las principales medidas a corto plazo que recomienda el think tank se encuentra regular la llamada “puerta giratoria” entre el sector público y privado y evitar el nepotismo, estableciendo reglas claras que lo prohíban o a través de sistemas de selección y promoción. Así como también establecer un registro público a modo de registro que establezca la persona natural que verdaderamente controla o se beneficia de un vehículo jurídico (sociedad, fideicomiso), independiente de su nacionalidad o residencia.

Se suma también a la agenda de corto plazo mayor fiscalización a la función parlamentaria en el Congreso, regular el nombramiento de autoridades, el límite a la reelección de alcaldes, aprobar la iniciativa ciudadana de ley que permite que ciudadanos y ciudadanas puedan, mediante la recolección de firmas calificadas, presentar proyectos de ley y el ingreso de Chile a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas.

“Una parte importante de nuestras medidas apunta a fortalecer los estándares de transparencia en la relación entre el dinero y la política, para así prevenir conflictos de interés y fomentar la primacía del interés general. Además presentamos reformas al Congreso para avanzar en un órgano representativo más transparente. Esperamos que tengan buena acogida para trabajar en conjunto en su pronta implementación”, agrega Pardow.

En tanto, la agenda a mediano plazo incluye la protección y recompensa a denunciantes a través de la facilitación de canales de denuncias anónimas en materia de corrupción, mercado de valores y libre competencia. Esta recompensa correspondería a quienes entreguen información valiosa para detectar redes de corrupción, evasión de impuestos, información privilegiada o carteles.

En la misma línea, también se recomienda aumentar la persecución y sanción a la corrupción a través de mecanismos para la determinación de penas para delitos como el cohecho y el soborno; así como también crear una fiscalía especializada con facultades y recursos necesarios para investigar; y como última propuesta, la protección efectiva a consumidores.

Descarga la Agenda para combatir la Impunidad aquí