Tras la publicación en el Diario Oficial de la Ley Nº 21.200 que convoca a un plebiscito nacional para votar si se aprueba o rechaza una nueva Constitución en abril de 2020, directores de Espacio Público presentaron una serie de propuestas con el objetivo de regular el gasto, financiamiento y control de propagandas y campañas electorales.

El documento da cuenta de la reciente reforma constitucional aprobada, en la que se señala que en las campañas se aplicarán diversas regulaciones ya existentes, pero sin extender su aplicación sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (Ley Nº 19.884).

Se detecta además una serie de vacíos legales que podrían permitir, por ejemplo, que todas las regulaciones asumirían que las campañas son realizadas únicamente por partidos políticos, sin establecer consideraciones en caso de que actores privados deseen hacer campaña por una de las opciones, tal como ha sucedido y se ha podido observar los últimos días a través de los medios de comunicación.

En este escenario, Espacio Público presenta propuestas concretas organizadas en Regulación de propaganda electoral realizada por personas o asociaciones que no son partidos políticos; Gasto electoral; Financiamiento privado y transparencia; Sanciones; Control del gasto y Fiscalización.

Respecto a regulación de propaganda electoral realizada por personas o asociaciones que no son partidos políticos se sugiere permitir que personas naturales, grupos o asociaciones que no son partidos políticos puedan realizar campaña o propaganda electoral en torno a las opciones del plebiscito, inscribiéndose para esto ante el Servel y aplicándoseles normas de plazos, transparencia, financiamiento y rendición de cuentas de candidaturas.

Sobre financiamiento privado y transparencia se propone que se apliquen normas que establecen inicialmente qué se entiende por financiamiento privado, quiénes pueden efectuar aportes privados y quiénes no, además de límites de aportes y su transparencia. Asimismo, el documento señala: “En el caso en particular, proponemos que se establezca el límite para donaciones privadas de 500 UF (como para el caso de candidatos/as presidenciales), con prohibición del aporte de personas jurídicas y que exista transparencia total con publicidad semanal por parte del Servicio Electoral de estos aportes, salvo por aportes pequeños – bajo 40 UF, como en el caso de las elecciones presidenciales-.

Para María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público, “El plebiscito de 2020 es un proceso inédito para Chile y debe garantizar que no solo los partidos políticos puedan participar haciendo campaña o propaganda, también deben existir garantías para que diversos grupos, movimientos o personas independientes las puedan realizar. Por eso es clave que este proceso, como ocurre con las elecciones, tenga reglas claras de financiamiento, sea transparente y garantice controles, fiscalización y sanciones adecuadas. Es urgente regular esta materia para contar con un proceso adecuado y legítimo”.

El informe realizado por Eduardo Engel, director de Espacio Público, María Jaraquemada, directora de Incidencia de la institución y el investigador Gabriel Ortiz, detalla finalmente propuestas en términos de fiscalización y sanciones.