La exploración minera es la base del desarrollo futuro del sector. Sin nuevos descubrimientos, la minería depende de extender la vida útil de las faenas existentes, generalmente con mayores costos y una menor ley. Lejos de la teoría, esta es una realidad que Chile ya comienza a experimentar. Por eso hoy existe un amplio consenso sobre la necesidad de fortalecer la exploración minera.

En un mercado marcado por la escasa rotación y los usos especulativos de las concesiones, el país ha impulsado desde 2022 una serie de reformas al Código de Minería orientadas a reducir el acaparamiento de patentes y promover el uso efectivo de las concesiones. Entre las principales medidas estuvieron el aumento del costo de mantener concesiones inactivas y el fortalecimiento del uso de información geológica como bien público.

Recientemente, el Ejecutivo ingresó un nuevo proyecto de ley para corregir algunas consecuencias no previstas, entre ellas, la creciente incertidumbre respecto de las rebajas aplicables y una nueva concentración de concesiones, especialmente en manos de grandes empresas y compañías públicas. En ese contexto, la iniciativa propone ampliar las causales que permiten acceder a rebajas en el pago de patentes.

La discusión es pertinente, pero corre el riesgo de revertir los cambios implementados para desincentivar el uso especulativo de concesiones y dinamizar el mercado, al disminuir los costos de mantención de patentes. Al mismo tiempo, deja pasar la oportunidad de abordar elementos basales aún no resueltos. Como mostramos en el informe Exploración en proyectos de cobre en Chile, publicado recientemente por Espacio Público, los desafíos para fortalecer la exploración van más allá del régimen de patentes.

Fomentar la exploración en el país exige una mejor coordinación entre los organismos públicos y fortalecer sus capacidades técnicas, especialmente las de Sernageomin en materia de información geológica, además de modernizar la tramitación de permisos y la planificación territorial.

A ello se suma un desafío productivo: la actividad exploratoria continúa concentrándose en proyectos existentes, mientras la búsqueda de nuevos yacimientos mantiene una participación reducida. Del mismo modo, las empresas junior siguen ocupando un espacio limitado dentro de un portafolio dominado por empresas majors, por lo que resulta necesario generar incentivos para fortalecer su participación.

La discusión abierta por el Ejecutivo ofrece una oportunidad para avanzar desde una reforma al régimen de patentes hacia una política pública integral de exploración. Ello supone entender que el descubrimiento de nuevos yacimientos depende no sólo de incentivos económicos, sino también de instituciones capaces de reducir incertidumbres, fortalecer las capacidades del Estado y generar las condiciones para sostener el futuro del sector.