¿Usted cree que hoy es posible expulsar a estudiantes que han puesto en riesgo la integridad o dañado a estudiantes, profesores o bienes de un establecimiento educacional? La respuesta es sí, aunque el Gobierno no lo crea. Incluso durante la investigación se puede suspender al estudiante y, tal como señala la Superintendencia de Educación, la suspensión puede ser excepcionalmente indefinida en los casos en que exista “peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa”.

¿Por qué entonces el Ejecutivo envía un proyecto de ley bajo el lema “aula segura” tras los repudiables hechos de violencia conocidos días atrás? La respuesta simple la ofreció un director de un establecimiento afectado: esperar 25 días para la expulsión es demasiado tiempo en estos casos. Si ése es el motivo, estaríamos adoptando una pésima decisión, porque es una respuesta facilista que omite abordar las complejidad desde la violencia escolar.

La evidencia comparada ha demostrado, desde hace un buen tiempo, que medidas drásticas como la expulsión tienden a afectar desproporcionadamente a grupos discriminados y estudiantes en condiciones económicas y familiares vulnerables, por lo cual la discrecionalidad en la aplicación de esos castigos debe ser intensamente controlada (Skiba y otros, 2002; Bekkerman y Gilpin, 2016). El Gobierno en su propuesta olvida esa circunstancia y se satisface con señalar que serán trasladados a otros establecimientos. Sin embargo, ésa no es ninguna concesión al estudiante, porque el Estado está constitucionalmente obligado a garantizar la educación de ese menor. Pero, además, la medida lleva inevitablemente a una segregación de estudiantes, formalmente calificados de violentos, hacia otros establecimientos cuyas comunidades educativas al menos comenzarán a sentirse discriminadas por las mismas razones que motivaron la expulsión.

El Ejecutivo también olvida que la Corte Suprema desde hace un largo tiempo ha señalado que no puede existir expulsión sin un debido proceso, en el cual se encuentre identificado el estudiante y se haya acreditado fehacientemente su participación. La Corte ha sido consistente en impedir expulsiones “ejecutivas”.

Un acto de violencia escolar es un fracaso de todos, pero especialmente de la comunidad escolar en la que ocurre, porque es un espacio en el que buscamos desarrollar tempranamente los valores de la cultura democrática que van más allá de las elecciones. La propuesta del Ejecutivo es inadecuada, desconoce evidencia elemental, restringe derechos básicos y termina por legitimar la segregación como mecanismo de solución. Todo un triunfo para los violentistas que alimentan sus acciones precisamente con discursos de este tipo.