En la inauguración del año judicial de 2015, y en pleno proceso de investigación por el financiamiento irregular de la política, Sergio Muñoz, entonces presidente de la Corte Suprema, propuso eliminar el fuero parlamentario. Su argumento fue que resultaba “a lo menos objetable en la evaluación global del sistema representativo, puesto que una determinación negativa, en una fase preliminar y con un mínimo de antecedentes, cierra paso a la investigación definitivamente, lo que equivale a la absolución”.
Tres años después, el fiscal nacional Jorge Abbott, en su cuenta pública, pareciera tener una concepción diametralmente opuesta. Sostuvo —en una especie de llamado a los fiscales a actuar con deferencia en las investigaciones que afectan a los legisladores— que el Ministerio Público debía tener cuidado con que la persecución penal pueda afectar las mayorías del Congreso. Curiosamente, eso sólo puede ocurrir si los jueces aceptan la solicitud de desafuero hecha por los fiscales. Abbott, entonces, no tiene justificación institucional para demandar la cortesía que señaló en su discurso.
Mientras Sergio Muñoz afirmó que una elemental regla de igualdad democrática exige eliminar el fuero parlamentario, Abbott actuó como una especie de vocero de la incomodidad de una parte del Congreso, cuando en su rol debe garantizar y reclamar una persecución penal justa para cualquier imputado. Las palabras del fiscal nacional en su cuenta pública resultan desafortunadas, pero suficientes para explicar por sí mismas la necesidad de eliminar el fuero.
Esta es una institución del sistema constitucional cuya finalidad histórica es proteger a los representantes de la ciudadanía de imputaciones infundadas que pudieran basarse en persecuciones políticas. De este modo, para sostener una acción en su contra es necesaria la autorización de un tribunal superior, tras lo cual, además, quedan suspendidos de sus cargos.
En la actualidad, el fuero ha terminado siendo un mecanismo de privilegio personal para el parlamentario investigado. Más que alterar la representación popular, esta herramienta ha provocado una discriminación indebida en la persecución penal, especialmente cuando lo comprometido han sido los valores centrales del sistema democrático.
Abbott en su discurso no sólo equivoca su rol. También las razones que sostienen su llamado a la deferencia. Al hacerlo, deja en evidencia la necesidad de suprimir el fuero parlamentario. Senadores y diputados deberían enfrentar esas investigaciones como cualquier ciudadano, sin privilegios ni cargas adicionales, como la suspensión del cargo. Ello evitaría alterar las reglas de representación que Abbott diligentemente reclama y se garantiza una razonable igualdad ante la ley.
