En 2014 y 2015, los casos Penta y SQM evidenciaron el recurrido mecanismo de financiamiento ilegal a la política. Considerando esto, la Comisión Engel recomendó, entre otras propuestas, una profunda reforma que incluía regulación de campañas y un fortalecimiento del Servel, lo que se concretó en 2016, cuando estas nuevas reglas se estrenaron en las elecciones municipales. Sin duda, no es un sistema perfecto, pero los avances son notables: se restringe la posible influencia indebida de financiamiento privado en candidatos/ as, transparentando enormemente su origen.

En 2013, un 46% de los aportes a candidatos a diputados correspondía a anónimos o reservados, versus un 6% de aportes sin publicidad en 2017. También se posibilitó que más personas realizaran aportes (casi siete veces más en las elecciones de diputados de 2017 comparado con las de 2013). Además, se dotó al Servel de mayores facultades y capacidades, junto con sanciones más disuasorias, incluso penales, para su fiscalización. Pero, incompresiblemente, estas nuevas reglas no aplicarían al plebiscito de abril.

Hasta el momento, no hay topes de gasto electoral; podrá haber financiamiento privado, incluso extranjero, sin que tengamos conocimiento de su origen y monto; y las sanciones a aplicar serán muy limitadas. Si ya hay voces que cuestionan la realización del plebiscito por hechos como la interrupción de la PSU, no regular lo anterior deslegitimaría un proceso que, guste o no, ya está en marcha, y donde la transparencia y equidad en el financiamiento de propaganda y campañas son fundamentales para generar confianza. El reloj avanza, esperamos que en lo que queda de este período legislativo, el Congreso y el gobierno actúen con urgencia.