La semana pasada se celebró en Santiago el Foro de América Latina y el Caribe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Durante el encuentro, no fue una sorpresa la reiterada mención del Acuerdo de Escazú como una herramienta para la consecución y cumplimiento de los ODS. Además de mencionarlo en paneles y eventos paralelos, se celebró una reunión de trabajo con los países signatarios de Escazú para acordar próximos pasos.

Chile, como copresidente del acuerdo —junto a Costa Rica—, fue el gran ausente en estas conversaciones, debido a que el gobierno aún no lo firma. Ante la ciudadanía se han dado argumentos que van desde la seguridad nacional por el caso Silala —esgrimidos, paradójicamente, desde el Ministerio de Medio Ambiente— hasta que Chile no requiere de su firma, puesto que ya contaría con estándares internos suficientes en materia ambiental. Expertos ya han argumentado que ninguna de estas afirmaciones es correcta, pues sabemos que nuestra institucionalidad ambiental no cubre todos los aspectos del acuerdo.

La firma de 16 países de la región, así como la primera ratificación de Escazú por parte de Guyana, demuestra la robustez del acuerdo en términos internacionales, así como la valoración que los estados latinoamericanos le están asignando al compromiso político de garantizar la democracia ambiental de sus ciudadanos.

Adelantar la discusión sobre cuánto el país ya tiene o cuánto le falta respecto del estándar propuesto por Escazú antes de su firma es soslayar que el debate debe ocurrir en el Parlamento, durante su proceso de ratificación. La firma, en realidad, es un gesto que releva el compromiso del Estado por garantizar el derecho a la información, participación y justicia ambiental, manteniendo las buenas prácticas ya existentes y avanzando en lo que sea necesario, como, por ejemplo, en referencia a salvaguardar los derechos de los defensores ambientales.

Por eso, firmar Escazú es una forma de manifestar la verdadera voluntad política para el fortalecimiento de la democracia ambiental, de estar a la altura de los estándares internacionales cuando el cambio climático es evidente y cuando la demanda por un desarrollo sostenible es ya un mínimo establecido. ¿Por qué el Gobierno de Chile estaría en desacuerdo con ello?