La semana pasada, el Gobierno, en la voz de dos de sus ministros, sostuvo que su objetivo era lograr acuerdos en el Congreso para sus reformas, pero que “nadie está obligado a lo imposible”, de modo que si esos consensos no son posibles utilizaran la vía administrativa para llevarlas a cabo. En resumen,“gobernar por decreto” y así eludir al Parlamento, lugar donde carece de mayoría.
Aunque éste es un incentivo perverso que tienen los sistemas presidenciales, porque realzan desmedidamente el cesarismo en un sistema democrático, es una herramienta que suelen utilizar los gobiernos. Sin embargo, la derecha tiene una extraña relación con esta forma. Durante la Unidad Popular demonizó la tesis que hoy reivindica y que en esos tiempos fue conocida como “resquicios legales”, construida por Eduardo Novoa Monreal, uno de los grandes juristas nacionales del siglo XX, y que en un libro de 1992 lo sistematizó bajo una impecable construcción lógica.
Por su parte, tras el retorno a la democracia, la derecha se opuso a que las administraciones de la Concertación, que carecían de mayorías cualificadas producto del sistema binominal, implementaran sus reformas mediante la “vía administrativa”. Para ello utilizaron las reglas de la Constitución de 1980 y como guardián al Tribunal Constitucional, precisamente para combatir el “gobernar por decreto”, porque esto era una nueva manifestación de los “resquicios legales”.
Pese a este pasado, la pretensión de hoy de la derecha puede ser considerada como justificada, especialmente dado el consenso técnico existente de que muchas políticas públicas dependen esencialmente del “Gobierno burocrático” más que del Congreso. Con todo, para que estas sean respetadas como legítimas deben cumplir con ciertos estándares: Dictar esas reglas con base en evidencia, que ésta se acredite en un procedimiento susceptible de escrutinio, que respondan preguntas elementales de calidad regulatoria y, sobre todo, que se garantice la participación de todos los interesados.
Es probable que la administración Piñera piense que “gobernar por decreto” le dará flexibilidad política, pero puede estar cometiendo un gran error. Promover políticas públicas desde el Ejecutivo, sin intervención del Congreso, en la actualidad y sobre todo bajo estándares OCDE, le imponen una gran cantidad de obligaciones, una de ellas, y quizá la más importante, es la deliberación directa en los espacios regulados de participación ciudadana.
Esto no es simple retórica. Omitir esas obligaciones transformará nuevamente en protagonista a la Contraloría. La misma que desde 1943 es reconocida en la Constitución como el cuarto poder, precisamente para controlar los excesos del cesarismo presidencial.
