La protección social incluye un conjunto de políticas públicas para enfrentar los riesgos sociales a lo largo del ciclo de vida. En este concepto se incluyen sistemas para proteger a las personas frente a la falta de ingresos laborales en caso de enfermedad, discapacidad, maternidad, accidentes del trabajo, desempleo y vejez, entre otros; y transferencias monetarias para reducir la pobreza y la exclusión social.
La pandemia mostró algunas fortalezas de nuestro sistema, pero también visibilizó brechas de cobertura, suficiencia y una fragmentación que, en contextos de informalidad, desprotege a grupos de ingresos medios y vulnerables, los que finalmente no acceden a la seguridad social y tampoco a beneficios no contributivos. Es precisamente en esos grupos, con ingresos laborales bajos y acceso limitado a capacitación, donde la vulnerabilidad y el riesgo de pobreza más se acentúan en tiempos de crisis.
La necesidad de fortalecer la protección social y el empleo de calidad fue uno de principales temas del reciente Estudio Económico de la OCDE para Chile. Una de sus recomendaciones fue la de fusionar los programas de transferencias monetarias en un único sistema de renta mínima garantizada, incrementando cobertura y nivel de beneficios.
Hoy, a través de los programas de asignación familiar, subsidio único familiar, ingreso ético familiar y aporte familiar permanente, se produce una fragmentación de las transferencias monetarias y se originan ineficiencias. Por ejemplo, la asignación familiar de trabajadores dependientes es pagada por el empleador y rebajada de las cotizaciones previsionales, que luego son compensadas. En el proceso intervienen diversos actores incluyendo a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y, para otros beneficiarios, las AFP, IPS, compañías de seguros e instituciones públicas. Así, el diseño dificulta el acceso y la fiscalización del beneficio y de las cotizaciones, dando cuenta de una gestión desintegrada que finalmente conlleva mayores costos de administración. Otro aspecto relevante, además del diseño y sus efectos en la formalidad, son los criterios de asignación, su transparencia y la posibilidad de evitar discontinuidades. Estos mecanismos —que definen quiénes tienen derecho a las prestaciones y los métodos de focalización— son, por cierto, un elemento central para la cohesión social, como destacó el informe del Consejo Asesor para la Cohesión Social de 2020.
La protección social es fundamental para reducir la pobreza, desigualdad y vulnerabilidad en el ciclo de vida, y para generar un círculo virtuoso que permita impulsar la productividad en una estrategia de desarrollo inclusivo y sostenible. La información que proporcione la encuesta Casen 2022, actualmente en implementación, ayudará a abordar estos apremiantes desafíos.
