Fue justamente en la primera administración del Presidente Sebastián Piñera que se gestó el Acuerdo de Escazú. Chile fue pionero el 2012 en plantear un tratado que busca mejorar la información y participación ciudadana, así como también el acceso a la justicia ambiental. Estos derechos son fundamentales de fortalecer, sobre todo en un Chile con más de 80 conflictos socioambientales activos, donde existen Quintero y Puchuncaví, y la atrocidad que están viviendo hace semanas sus habitantes por culpa de la contaminación, prueba irrefutable de la relación entre derechos humanos y medio ambiente.

Una de las principales fuentes de conflictividad socioambiental es que las comunidades no tienen acceso a información oportuna, entendible, completa y veraz sobre los proyectos y sus impactos, además de no tener la oportunidad real de establecer un diálogo con los titulares de las iniciativas e influir en las decisiones que tomen sobre éstas. Escazú es un convenio que articula medio ambiente, derechos humanos y desarrollo sostenible; por esto decimos que es un convenio sobre democracia ambiental. El Acuerdo de Escazú busca hacer de la democracia ambiental una verdadera política de Estado; en la cual, como hemos visto no solo en Quintero sino en Freirina, Tiltil y tantas otras ‘zonas de sacrificio’, como país estamos al debe. Por lo anterior, resulta inconsistente que el Presidente manifieste en la reciente Asamblea General de la ONU que el ‘crecimiento debe ser integral, inclusivo y sustentable o no ocurrirá’, y al día siguiente se reste de firmar.

Escazú es precisamente eso: una herramienta sin precedentes para avanzar hacia el crecimiento inclusivo al cual aludió el Presidente. Debemos incorporar las dimensiones sociales y ambientales a la toma de decisiones, lo cual se logra en gran parte fortaleciendo los derechos a la información, la participación y el acceso a la justicia. Respecto a la argumentación entregada desde el Ministerio de Medio Ambiente sobre que firmar este acuerdo ‘pondría en peligro la soberanía de nuestro país’, quiero aclarar que el acuerdo busca justamente fortalecer la relación de cada Estado con su ciudadanía en materias ambientales, por lo que la soberanía en ningún modo estaría en juego. Incluso, en la eventualidad de que existiera un conflicto socioambiental que afectara a dos países, el Acuerdo propone varias vías de solución de controversias, ninguna de ellas con vinculación de territorio, coherente con la posición que Chile ha ratificado ya en múltiples tratados y foros internacionales.

De hecho, Chile ratificó hace dos meses el Convenio de Minamata, que contiene los mismos mecanismos de solución de controversias establecidos en Escazú. Resulta también sorpresivo que, teniendo siete meses para analizar los detalles del Acuerdo, solo el día anterior Chile notificara que no firmaría. Sin duda esto es un bochorno internacional que pudo haberse evitado. Y, por lo mismo, resulta urgente honrar la palabra frente a la comunidad internacional.

Pero también en lo local, y de cómo se está obstaculizando una posibilidad concreta de fortalecer la protección del medio ambiente y los derechos humanos de todos y todas las chilenas. Firmar Escazú sería una señal de que como Estado realmente estamos comprometidos con un desarrollo inclusivo y sustentable. A la fecha, 15 países ya han ratificado el Acuerdo y, en Chile, más de 160 organizaciones y 3.000 personas naturales han levantado la voz para que nuestro país no se reste de este importante avance. Hemos llegado a un punto en que ya no basta con mirar solo cifras económicas. Ya no basta con aspirar al desarrollo sin integrar a la sociedad completa ni a nuestro entorno. Invito al Presidente Piñera a que avancemos hacia un desarrollo verdaderamente sustentable, como él mismo -y en numerosas instancias- ha manifestado. Escazú es un convenio a la altura de los desafíos de hoy