Mientras aún indigna la actitud de los manifestantes contra la inmigración en Iquique, quienes quemaron carpas y pertenencias de familias venezolanas que fueron desalojadas de una plaza, pocos días antes agentes fronterizos de Estados Unidos arriba de sus caballos persiguieron y maltrataron a migrantes haitianos. La humillación en dos imágenes y ambas nos involucran a nosotros.

Según los reportes internacionales, varios de los migrantes haitianos venían desde Chile. Como explicó Pierre Cenatus a la BBC, la razón de su viaje se debió a la imposibilidad de regularizar su residencia en nuestro país. Hacía siete años que vivía acá y ahora le pedían antecedentes desde Haití que materialmente estaba imposibilitado de obtener. Sin esa regularización no podía buscar trabajo y la desesperación lo estaba consumiendo. ¿La alternativa? Aventurarse nuevamente en busca de un futuro mejor, sabiendo que en esa ruta podía encontrar la muerte.

La tragedia migratoria que vive Venezuela y Haití tiene un impacto en toda América Latina, consecuencia de Estados fallidos capturados por el autoritarismo, la corrupción, el crimen y el hambre. Quienes migran lo hacen porque no tienen alternativas, porque buscan una vida decente en algún lugar de la tierra para ellos y sus familias. En esos viajes llenos de terror y algo de esperanza, se juega también la idea de humanidad, la conciencia de que el lugar donde nacimos y la familia en la que nos criamos es un asunto aleatorio, de modo que el migrante que recorre esos caminos podría ser cualquiera.

Mientras esto sucede, en Chile hemos prometido visas de responsabilidad democráticas que se tramitan durante años, pero luego son rechazadas por retrasos del Estado. Donde el Registro Civil impide la renovación de cédulas de identidad porque la situación migratoria no esta regularizada, pero es el propio Estado que lleva meses sin responder a los solicitantes, dejándolos en la marginalidad y expuestos a los abusos de inescrupulosos. En que se realizan expulsiones masivas con denigración pública, incluso respecto de personas que viven hace años en nuestro país, tienen familia y sus hijos son chilenos. En el camino organizaciones de la sociedad civil los apoyan, recurren a la justicia en su favor, los tribunales reprochan a la autoridad sus ilegalidades, pero ésta responde criticando a esas organizaciones y a los jueces por obligarlos a respetar la Constitución.

Y aunque es evidente que los países tienen derecho a organizar el ingreso a su territorio, lo de la semana pasada es más que la aplicación de las normas de extranjería: está en juego el trato digno a personas migrantes en situación de calle, la misma dignidad que curiosamente se discutió hace pocos días en la Convención Constitucional.