
La creación de un registro de beneficiarios finales (RBF) ha sido impulsada en Chile por más de una década. Su objetivo es establecer la obligación de identificar las personas naturales que, en último término, son dueñas o controlan las empresas y organizaciones.La experiencia comparada muestra que estos registros son claves en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el crimen organizado y la evasión tributaria. Asimismo, fortalecen la confianza en los mercados y empresas, y promueven la libre competencia.
En Chile se ha realizado un trabajo técnico importante para impulsar la creación de un RBF. Como parte del Cuarto Plan Nación de Acción de Gobierno Abierto, se creó una mesa intersectorial coordinada por la Unidad de Análisis Financiero y con participación de organismos públicos y sociedad civil, que hizo propuestas para la implementación de un RBF. Asimismo, el Ejecutivo solicitó a la OCDE un informe con recomendaciones para avanzar en la materia, el que fue publicado en 2021.
En el ámbito legislativo, la reciente reforma a la ley de compras públicas obliga a los proveedores del Estado a transparentar sus beneficiarios; aunque es un avance importante, sigue circunscrita a un ámbito acotado. Por otra parte, el gobierno ha ingresado dos proyectos de ley que buscan crear un RBF: el primero se incluyó en la propuesta inicial de reforma tributaria, rechazada en marzo de 2023; el segundo fue ingresado a fines de dicho año, luego de que la Comisión Jaraquemada incluyera la creación de un RBF dentro de sus recomendaciones.
El nuevo proyecto incorpora muchos de los comentarios que se hicieron al primero: crea un RBF administrado por el SII (con un Consejo Consultivo) que contaría con información de beneficiarios finales de personas jurídicas con o sin fines de lucro, y de otras entidades, como fondos de inversión; tendrían acceso al registro los organismos públicos (el público general sólo podría acceder a información de entidades que reciban fondos o sean contratadas por el Estado, o reciban donaciones sujetas a beneficios tributarios), entre otros asuntos.
Aunque el proyecto es perfectible, es un buen punto de partida para la discusión. Lamentablemente, y a pesar de estar incluido en el fast track del pacto fiscal, no ha tenido avances y sigue a la espera del análisis de la Comisión de Hacienda del Senado.
En un contexto de creciente preocupación por el crimen organizado y los mercados ilegales, la implementación de un RBF es fundamental. Este cuenta con apoyo de organismos internacionales, sociedad civil y de parte relevante del mundo privado. Si los actores políticos están tan preocupados de la seguridad pública y la corrupción como constantemente nos lo hacen saber, es de esperar que den prioridad a esta iniciativa.