Recientemente el Consejo para la Transparencia ha publicado un estudio sobre las percepciones que tienen los funcionarios públicos sobre varios temas relacionados con la transparencia y la corrupción. Hay muchas aristas interesantes en ese texto al que se puede acceder en el sitio web.
Uno de ellos es la alta percepción de impunidad que existe frente a los actos de corrupción. El 75% de los funcionarios públicos chilenos cree que quienes cometen actos de corrupción quedan sin ningún tipo de sanción. El dato me parece grave, porque la sensación de impunidad frente a estos ilícitos es una condición que puede permitir que este tipo de casos se multipliquen. Si los funcionarios públicos consideran que no hay sanciones por cometer actos de corrupción, será mucho más difícil que algunos de éstos se inhiban cuando se presente una oportunidad.
Las sanciones y la fiscalización son importantes elementos que contienen la ocurrencia de casos de corrupción. Elevan el “costo” de cometer estos ilícitos, y tienen un significado importante para la construcción de una cultura de integridad en la administración pública. Actualmente se discute en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que, entre otras cosas, eleva las sanciones por esta clase de actos. Es fundamental que los diputados tramiten con prisa este proyecto de ley y cautelen que los niveles de sanción que están propuestos en la iniciativa sean lo suficientemente altos como para actuar como un eficiente elemento disuasivo.