Frente al debate público en seguridad, queremos llamar la atención de la necesidad de tomar el problema de seguridad con la amplitud que se requiere e incorporando evidencia y métricas para evaluar las medidas que se tomen para enfrentarlo. En particular, analizamos la manera en que se ha llevado el proceso legislativo que derivó en la promulgación de la ley Naín-Retamal, además del anuncio del gobierno de destinar US$ 1.500 millones de dólares en seguridad.

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