La semana pasada se aprobó un nuevo proyecto de gestión de residuos en la comuna de Tiltil. La reacción de los vecinos fue de indignación. Para ellos, éste constituía un nuevo «mal» en su entorno, que viene siendo intervenido hace décadas con la instalación de actividades que han transformado esa localidad en una «zona de sacrificio». Es decir, un lugar donde la ciudad decide concentrar pasivos que generan beneficios colectivos, pero que operan como cargas públicas, superando los umbrales de lo tolerable para cualquier comunidad. El alcalde resumió adecuadamente la situación cuando indicó que daba lo mismo cuál era el proyecto que se instalara y si éste cumplía con la ley, porque la comuna no podía seguir aceptando estos males impuestos por el Estado.

Desde hace aproximadamente dos décadas hemos discutido sobre los conflictos entre las comunidades y los proyectos de inversión. La dificultad tiene su origen en una estrategia abusiva del caso a caso y en una cultura transaccional para la entrega de beneficios que ha dañado seriamente las confianzas, lo que se ha profundizado debido a inadecuadas políticas de participación ciudadana. En la actualidad existe consenso, tanto el sector público como en el privado, que reproducir esas prácticas sólo aumentará la conflictividad.

Pero el caso Tiltil es aún más complejo. El problema no es de un proyecto en específico, sino de muchos que, bajo distintos estándares, se han ido instalando en un lugar que admite disparejas exigencias ambientales. La controversia ha dejado de ser singular y se ha transformado en una de política pública general. El debate ya no es sobre las normas que debe cumplir cada proyecto, sino del respeto por condiciones básicas de dignidad para los ciudadanos de un territorio. Como sostuvo el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz días atrás en un seminario sobre judicialización de proyectos, el juez debe resolver un problema pero no podrá remediar el conflicto. Esto último es tarea de la política.

Es probable que muchos sugieran que un problema como éste se soluciona con un adecuado ordenamiento territorial, algo de lo que también llevamos hablando más de 20 años. Sin embargo, lo que ocurre en Tiltil es representativo de un grave asunto de justicia ambiental, que requiere de soluciones distributivas específicas. Éstas deben considerar, entre otras cosas, desde la revisión de las resoluciones de calificación ambiental otorgadas en esa zona hasta el desarrollo de una política para la conformación de fondos para remediar pasivos ambientales y sociales que, a vista de todos, se han generado en esa comuna. Ello al menos debería constituir un imperativo ético para todos quienes se benefician de las cargas impuestas a los ciudadanos de ese lugar.