Cuando en 2009 la Corte Suprema decidió el caso Campiche —donde se anuló la calificación ambiental de una central termoeléctrica por infringir un plan regulador— se inició un debate sobre activismo judicial y seguridad jurídica. Este asunto tuvo impacto inmediato: mientras se debatía en el Congreso la reforma a la institucionalidad ambiental, existió acuerdo transversal sobre la necesidad de establecer un sistema que diera garantías comunes. Eso explica el ecosistema institucional en donde conviven el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales. Desde su entrada en funcionamiento, el Poder Judicial y la Contraloría han sido deferentes a ese esquema en la solución de conflictos.
Casi una década después, tras la decisión de la Corte Suprema en el caso del mall Barón, donde se debatía la interpretación de normas urbanísticas, se inició un nuevo capítulo sobre activismo y seguridad jurídica, esta vez acompañado por cambios en la interpretación de la Contraloría. Aunque pareciera que este conflicto está en pleno desarrollo, reproduce lo que ha sido la conflictividad ambiental: proyectos con poca información a las comunidades, atomización de competencias sectoriales, interpretaciones normativas contradictorias, actos municipales discordantes y acciones judiciales incoherentes.
Pero a pesar de esa similitud, la situación en materia urbana es más compleja si no consensuamos soluciones, lo que ya fue advertido en el contexto de la aprobación a la Política de Desarrollo de Urbano de 2014. Según los datos, en Chile más del 87% de las personas vive en ciudades y esa cifra aumentará. A su vez, la proyección de número de habitantes por vivienda disminuirá de aquí al 2030 en orden de 2 habitantes, y si bien la tasa de natalidad se ha reducido, el segmento de¿adultos activos aumentará y, en consecuencia, las quejas por mejores ciudades implicarán demanda por viviendas, presión por densificar, mejores espacios públicos, transporte público adecuado y exigencias por menor contaminación. Para el reciente informe GEO 6 de Naciones Unidas, ésta puede ser una oportunidad, si planificamos integradamente.
Esas complejidades sólo pueden ser abordadas desde la política pública y no en los tribunales o la Contraloría. Desde la administración de Ricardo Lagos hemos estado discutiendo sobre cuál es el mejor diseño institucional para este sector. Mientras ese ajuste no se produzca, seguiremos atrapados en discusiones judiciales incentivadas por competencias legales ambiguas, opacas y desordenadas. Y es que una ciudad, parafraseando a Alvy Singer de Woody Allen, es más que poder virar a la derecha en un semáforo en rojo.
