Benjamín García
Medio:
La Segunda
Aunque pretendan mantenerse en el tiempo, las constituciones políticas regulan sus propios mecanismos de reforma. Estos son claves para que los textos constitucionales se vayan adecuando a los tiempos, reflejando y modelando la evolución política de la sociedad.
Aun así, modificar la Constitución no es baladí. Los quórums supra mayoritarios y otros mecanismos buscan evitar que una mayoría circunstancial cambie las reglas en su beneficio o de manera poco razonada. Toda iniciativa de cambio constitucional debe ser sometida a un especial escrutinio.
El Ejecutivo ha ingresado dos proyectos de reforma constitucional particularmente problemáticos. La reforma de seguridad —que, entre otras cosas, crea un nuevo estado de excepción constitucional— ha recibido críticas transversales. No está de más repetir que es un proyecto que concentra excesivas facultades en el Presidente de la República, al tiempo que pone en riesgo el ejercicio de los derechos fundamentales.
Adicionalmente, hace algunas semanas el Ejecutivo ingresó una reforma constitucional que hace obligatorios los test de drogas para todas las altas autoridades públicas, incluyendo al Presidente. Junto con ello, se establece que un test positivo será una causal de cesación en el cargo para dichas autoridades.
Aunque no ha recibido la misma atención que la reforma de seguridad, este proyecto también acarrea riesgos institucionales importantes. Las situaciones que ameritan que un Presidente, un parlamentario u otra autoridad electa deba dejar su cargo deben ser excepcionales, porque lo que está en juego es el respeto a la voluntad popular. Otorgar tal poder a un mero test de laboratorio resulta excesivo.
La reforma hace aplicable la nueva causal de cesación a autoridades fiscalizadoras (contralor y fiscal nacional, entre otros) y jueces (incluyendo ministros de la Corte Suprema), creando espacios para el abuso por parte de un eventual gobierno inescrupuloso.
Peor aún, la reforma incluso abre un flanco de seguridad nacional al someter a la cesación por test positivo a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Solo basta pensar en los riesgos que ello conllevaría en caso de que el país estuviera en medio de una tensión internacional o una guerra externa.
Frente a las críticas recibidas, el Gobierno se ha abierto a modificar estos proyectos incluso antes de iniciar su tramitación. La pregunta entonces es por qué no se generó un trabajo prelegislativo que le permitiera ahorrarse las polémicas.
Es difícil no sospechar que, en realidad, el Gobierno ha ejercido su potestad constituyente principalmente para mandar una señal pública sobre su determinación para enfrentar la delincuencia. Pero si algo hemos aprendido en los últimos años es la inconveniencia de abusar del carácter simbólico de la Constitución.
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